La ciudadanía como objeto de sospecha

Una de las certezas en las que nos movemos el amplio rango de organizaciones, asociaciones, partidos políticos y ciudadanos que rechazamos las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, es que este paquete forma parte del conjunto de reformas que conducen al desmantelamiento del Estado Social (derechos laborales, sanidad y educación pública y de calidad, prestaciones de desempleo, etc.) y de los niveles de protección social y ambiental del marco legal vigente. Las protestas y la indignación por los recortes y la precarización a muchos niveles genera, para el Gobierno del Partido Popular, un conflicto de orden público que hay que gestionar adecuadamente. El Gobierno no puede seguir sus reformas sin recortar los derechos fundamentales.

Estas leyes limitarán especialmente el derecho de manifestación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la libertad personal y el derecho de huelga. Algo que no tienen antecedentes en nuestra etapa democrática reciente.

Por eso resulta inútil el burdo intento del Gobierno, expresado en la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, de justificar la reforma por razones reales de seguridad, o una supuesta demanda de la sociedad. Según los últimos Barómetros del CIS, nadie en España considera que la inseguridad es el principal problema del país. Lo que preocupa a la ciudadanía es el paro, la corrupción política y el fraude, y los políticos y los partidos políticos.

Así las cosas, las reformas incluye un incremento desproporcionado de las penas de los delitos existentes en materia de orden público, la creación añadida de tipos agravados y la incorporación de nuevas conductas delictivas. Estas conductas delictivas novedosas se centran en actuaciones críticas que están resultando especialmente molestas para el poder político, como las movilizaciones de distintos colectivos sociales, la ocupación pacífica de entidades bancarias o la convocatoria de manifestaciones y concentraciones a través de las redes sociales. En nuestro caso, Greenpeace, desplegar pancartas en fachadas o manifestarse en la puerta de una instalación de energía térmica o nuclear, ahora denominadas “infraestructuras básicas para la comunidad”, pueden ser objeto de sanción económica.

El nuevo escenario para los movimientos sociales se perfila con unos derechos fundamentales recortados, la presunción de inocencia mermada y un principio de veracidad para las fuerzas de seguridad del Estado que dará impunidad y arbitrariedad a los abusos del poder político. Las protestas ciudadanas, esas incómodas pero creativas y no-violentas formas de expresión que han nacido con la indignación popular, se castigarán con multas desmesuradas.

En los próximos meses los ciudadanos ya no seremos sujetos de derecho, seremos sujetos de sospecha. Este carácter preventista del delito y esta pérdida del derecho a la tutela judicial efectiva, durará lo que dure este gobierno, ya que el cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso de Diputados tiene que dar lugar a la derogación de estas leyes de manera inmediata.

* Miguel Ángel Soto es portavoz de Greenpeace