Las multinacionales más contaminantes definen los límites a la polución

En un intento por reducir la polución del aire, la Unión Europea está actualizando los estándares de contaminación para las instalaciones industriales. Para ello, durante el mes de marzo definirá nuevas normas que acotan las emisiones de las centrales eléctricas europeas en el llamado proceso de Sevilla. Greenpeace analizó los antecedentes de los representantes que han sido designados por los gobiernos para sentarse en el grupo oficial que propondrá los nuevos límites a la contaminación del aire en toda Europa. El resultado es que de 352 miembros, 183 están directamente relacionados con la industria, ya sea por los propios agentes que van a ser regulados o por los grupos de presión que representan sus intereses.

En su informe, la organización acusa a las delegaciones de Gran Bretaña, Polonia, República Checa, Grecia, Alemania, Francia y España de impulsar el debilitamiento de los controles ambientales. “La industria eléctrica europea del carbón se ha infiltrado en el proceso de redacción de los límites de contaminación para reducir los estándares por debajo de los existentes”, afirma Joris den Blanken, director europeo de Greenpeace en políticas para el clima, en conversación con La Marea. “Como resultado del cabildeo, las normas propuestas por la Unión Europea sobre las emisiones tóxicas de las plantas de carbón serán menos estrictas que en China, Japón o EEUU”, explica.

Según afirma den Blanken, editor de Smoke&Mirrors, “la Unión Europea no está aprovechando una oportunidad única para poner freno a las emisiones tóxicas que matan a miles de personas cada año”. En 2011, último año sobre el que se han recopilado información de forma fiable, se estima que más de 400.000 personas habrían muerto de manera prematura como resultado de respirar gases tóxicos.

De acuerdo con el informe El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015, publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, cientos de miles de europeos sufrirán una muerte prematura durante las próximas dos décadas como resultado del fracaso de los gobiernos para actuar sobre la contaminación atmosférica. «En vez de reprimir a los agentes contaminadores, los políticos están permitiendo que el beneficio privado se anteponga sobre la salud pública”, denuncian desde Greenpeace.

Cuando el zorro cuida del gallinero

La Directiva Industrial de Emisiones (IED) es una ley europea destinada a reducir la contaminación del aire procedente de diversas fuentes. Las instalaciones industriales, incluyendo las plantas de energía de carbón, deben contar con un permiso ambiental basado en los requisitos de la IED. Una propuesta para este documento es lo que se está definiendo actualmente en el proceso de Sevilla.

La Oficina Europea de IPPC, organización promovida por la Comisión Europea, emitirá en verano una propuesta que se espera que los estados miembros de la UE voten a finales de 2015. La adopción formal por el órgano europeo, y la posterior publicación en el Diario Oficial de la UE, debería tener lugar a principios de 2016, fecha a partir de la cual los Estados miembros tendrán cuatro años para actualizar jurídicamente los permisos ambientales de las plantas de carbón.

El Grupo Técnico de Trabajo es uno de los cuerpos cruciales en este proceso. Cuenta con 352 miembros compuestos por los Estados miembros de la UE, agentes de la industrias y de las organizaciones no gubernamentales. Según ha advertido Greenpeace, son 137 las empresas europeas que se han convertido en sus propios reguladores. Además, hay 46 lobbies de la industria infiltrados entre los representantes de las propias delegaciones de los gobiernos.

Uno de los casos más flagrantes de influencia por parte de los grupos de presión es justamente la numerosa delegación de doce personas que ha formado España, donde ocho son representantes de la industria. Están presentes dos portavoces de Gas Natural y Endesa, uno de Iberdrola, Elcogas y HC Energía, así como otro por parte de la patronal de las grandes eléctricas, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).

Las diferentes asociaciones que pertenecen al ámbito de las energías renovables han denunciando durante años que el actual Gobierno lleva a cabo una política legislativa al dictado del lobby energético, el cual está liderado precisamente por la citada UNESA. También que las puertas giratorias españolas son “eléctricas”, y que expresidentes como José María Aznar o Felipe González son sólo la punta de un iceberg que muestra cómo los cargos públicos pasan de la noche a la mañana a defender intereses privados.

Corta y pega de los argumentos de la industria

“Los gobiernos, incluidos el de España, están permitiendo que representantes de la industria energética establezcan a su gusto los límites sobre la calidad del aire que respiran los ciudadanos europeos”. El análisis de las observaciones escritas presentadas por las delegaciones de los Estados miembros da una buena imagen de que estos son los que “impulsan estándares ambientales más pobres”, afirma Joris den Blanken.

Siete delegaciones – Polonia, República Checa, Grecia, Alemania, Francia, Reino Unido y España – son responsables de que la gran mayoría de los comentarios traten de debilitar las fronteras de lo que se entiende por contaminante y lo que no. Tampoco es casualidad que algunos de estos países se encuentren además entre las mayores fuentes de contaminación de plantas térmicas de carbón en Europa.

Desde Greenpeace acusan a las delegaciones europeas, que en teoría deberían de ser independientes, de promover los intereses de las empresas contaminadoras, «a menudo utilizando declaraciones directamente copiadas de las que presentan los representantes de la industria”.

En un caso particularmente flagrante, los delegados del Ministerio del Medio Ambiente de España y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Irlanda argumentaron a favor de que los límites de emisión fueran más débiles mediante un comunicado que era idéntico al presentado por los grupos de presión de la eléctrica Eurelectric. “Todos abogaron por aumentar el margen para emitir sustancias contaminantes con exactamente el mismo argumento, palabra por palabra y letra por letra”, sentencia uno de los autores del informe que lo denuncia.

“Los nuevos límites a la polución del aire en Europa se han diluido porque los gobiernos están permitiendo que algunas de las empresas que mas contaminan ayuden a elaborar las normas que la regulan”. De acuerdo con la investigación de Greenpeace, si bien muchos países están buscando activamente proteger la licencia para contaminar de las empresas, pocos son los que se han esforzado en fortalecer las normas. “Suecia, los Países Bajos y Austria son los únicos países que buscan constantemente anteponer la salud pública a los intereses de la industria.”

Las multinacionales que mas contaminan definen las reglas

Si analizamos las distintas posturas de los gobiernos en el Grupo Técnico de Trabajo, vemos como España ha tratado de debilitar los límites de emisión del dióxido de azufre, principal causante de la lluvia acida, y del óxido de nitrógeno, que entre otras causas contribuye a la destrucción de la capa de ozono.

En lo que se refiere a las radiaciones de mercurio, uno de los diez productos que según la OMS plantean especiales problemas de salud pública, la delegación de España presionó para la eliminación general de los límites impuestos a este elemento. También nuestro país, junto a otros como Reino Unido o Francia, se ha opuesto a la vigilancia continua y al control de las emisiones del mercurio por considerarlo “económicamente inviables”. Este argumento llega tras conocerse la queja conjunta de las 20 principales empresas energéticas, que afirman haber perdido 500 mil millones de euros desde 2008 debido a los objetivos de energía limpia que impone la Unión Europea.

Por último, la delegación española se ha opuesto a las medidas que promueven la eficiencia energética en las centrales eléctricas de carbón, una práctica que tiene como objeto reducir el consumo energético para disminuir costos y promover la sostenibilidad económica, política y ambiental. Es decir, España ha rechazado reducir las emisiones de CO2 y la contaminación del aire, que según Greenpeace provoca 22.300 muertes prematuras.

“Los ministros europeos son los culpables de una negligencia en el cumplimiento del deber colectivo”, afirma otro de los altos cargos de Greenpeace en Europa. El mejor ejemplo del gran peso que tienen las multinacionales en el Gobierno de España, y en especial la industria energética, es que “el interés privado de las multinacionales que más contaminan está definiendo las reglas para salvar el medioambiente”.