Agua y privatización: del rechazo de IU y Podemos a la ambigüedad del resto

Andalucía está sufriendo dos fenómenos paralelos y aparentemente contradictorios: Por un lado, cada día son más los municipios que apuestan por una privatización de la gestión del servicio de agua potable y por otro, está tomando fuerza el proceso de remunicipalización de ese servicio. Por este motivo, pese a que la autonomía no tiene competencia directa, los partidos políticos han hecho guiños en uno u otro sentido.

El PSOE menciona la palabra “agua” nueve veces en su programa, en tres bloques: economía sostenible y que avanza en políticas de aguas, políticas de urbanismo y políticas públicas al servicio de la lucha contra las desigualdades. Como medida estrella, la promesa de que se aprobará una Ley de Protección y Asistencia a los Colectivos Vulnerables, especialmente en lo referente a los suministros vitales como la luz y el agua. Nada dice en cambio de la titularidad de la gestión y también rehusa valorar los procesos de remunicipalización.

El PP no habla en su programa acerca de la gestión pública del ciclo urbano. El centro de su programa es la construcción de depuradoras y el desarrollo del denominado canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad autónoma.

Izquierda Unida, en cambio, sí tiene el agua como elemento destacado en sus propuestas para las elecciones. Su presencia, hasta en 34 ocasiones, se hace patente en los bloques de Medidas Contra La Corrupción, Inclusión Social, Agua, Programa Municipal De Salud y Remunicipalizar Servicios. “Nos oponemos a la privatización de cualquiera de las fases del ciclo integral del agua y defendemos una política de tasas y cánones claramente progresiva”, afirman en el programa. En este sentido, proponen remunicipalizar servicios privatizados, ya que “sólo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las tarifas”.

También en 34 ocasiones aparece mencionada la palabra «agua» en el programa de Podemos. La formación, que defiende la titularidad pública y el acceso universal, propone introducir en la Ley de Aguas de Andalucía un artículo que prohíba la utilización del canon concesional para financiar partidas no relacionadas con la gestión del agua. También legislarían para asegurar un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas; junto a medidas que prohíban el corte de suministros básicos de agua, luz y gas a los andaluces en condiciones adversas que supongan un peligro para la salud o la vida.

En el programa de Ciudadanos no entran a valorar la titularidad de la gestión del agua y se centran en la necesidad de tomar medidas que disminuyan el precio final de la tarifa.