El Síndic constata la desaparición del libro de custodia de los detenidos el 4-F

BARCELONA // Ciutat Morta no es una “fantasía”, como afirmó en un tuit el sindicato SME de los Mossos d’Esquadra. El “pleno respeto y confianza en las instituciones” que reclamó vía comunicado quien en el momento en que sucedieron los hechos que denuncia el documental era alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, se tambalean. Un mes después de abrir una investigación de oficio sobre las aparentes irregularidades del caso 4-F, el Síndic de Greuges (defensor del pueblo), Rafael Ribó, ha concluido que las administraciones implicadas en los hechos actuaron “con negligencia y falta de transparencia”.

Entre las irregularidades más notables detectadas por el Síndic está la desaparición del libro de registro y custodia de los detenidos con la información de febrero de 2006, cuando en una intervención policial en la que quedó herido de extrema gravedad un guardia urbano fueron arrestados varios jóvenes. Un hecho que Ribó ha calificado de “muy grave” y que, ha asegurado, es la primera vez que sucede. En el libro estarían las claves de todo lo sucedido una vez los detenidos pasaron a estar bajo custodio judicial, cuando, según denunciaron, fueron víctimas de torturas.

Según los informes médicos a los que ha tenido acceso el Síndic, al menos uno de los detenidos sufrió “heridas y contusiones mientras se encontraba bajo custodia”. Ni la Guardia Urbana ni los Mossos d’Esquadra, ha señalado Ribó, abrieron una investigación interna sobre las denuncias de maltratos que realizaron los detenidos ante la jueza –y que fueron archivadas-, y los responsables políticos “tampoco dieron las órdenes oportunas” para que esa investigación se llevase a cabo.

Las conclusiones del Síndic se basan en los informes médicos del Hospital del Mar y del Hospital de L’Esperança de Barcelona, donde fueron trasladados los detenidos en las horas posteriores a su arresto. Concretamente, en el hecho de que uno ellos, Rodrigo Lanza (foto), fue atendido en un primer momento en el Hospital del Mar sin que conste en el informe que presentara ninguna brecha en la cabeza, como sí sucede en el informe de la visita que, tres horas después, realizó en el segundo centro hospitalario, donde le dieron varios puntos de sutura.

El archivo de la denuncia por maltratos

Ribó señala “inconsistencias” en el relato de la Guardia Urbana incluido en el atestado, y considera “incomprensible” que este no incorpore los informes médicos. Sin entrar a valorar la decisión judicial que archivó la denuncia por torturas –el Síndic no puede pronunciarse sobre resoluciones de la Justicia, ha recalcado-, sí que ha subrayado que “no consta que se tuviesen en cuenta los informes del Hospital del Mar”, y por lo tanto podría no haberse tenido en cuenta la aparición de nuevas lesiones en la segunda exploración como un indicio de presuntos maltratos en dependencias policiales.

Asimismo, Ribó ha detectado “evidencias de error” en el diagnóstico de invalidez de los dos agentes implicados en la custodia de los detenidos –y a quienes estos acusaron de torturas- Víctor Bayona y Bakari Samyang, que comenzaron a cobrar una pensión de 1.600 y 1.800 euros el año pasado. Los dos agentes se encuentran hoy en prisión condenados por torturas al ciudadano de Trinidad y Tobago Yuri Jardine. El Síndic ha reclamado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que inicie una investigación de oficio para detectar el posible error de diagnóstico.