De las “malas prácticas” de las multinacionales a los mecanismos de control

Erika González y Pedro Ramiro* // A finales del pasado mes de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba una resolución para “crear un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas transnacionales”. Meses después, la II Conferencia ministerial de Estados afectados por intereses transnacionales acordaba crear el Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales. Y, hace unas semanas, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático declaraba que las multinacionales son responsables de “la captura del agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación y la producción de combustibles fósiles”. Son tres ejemplos de procesos diferentes que, sin embargo, responden a una misma realidad: los impactos producidos por la expansión global de las empresas transnacionales están llevando a muchas organizaciones, países e instituciones internacionales a exigir una mayor regulación de sus actividades.

Las compañías multinacionales controlan la mayoría de los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación. En la crisis capitalista que hoy vivimos, que ha reforzado su poder económico y capacidad de influencia política, las empresas transnacionales tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras. “Salir de la crisis”, nos dicen, implica aceptar no solo que el modelo socioeconómico que está en la raíz de la actual crisis civilizatoria es el único viable, sino también que es necesario intensificar esa misma lógica de crecimiento y acumulación para poder “avanzar en la senda de la recuperación”.

Pero el incremento de los beneficios empresariales solamente puede sostenerse a partir de la creciente explotación de trabajadores y trabajadoras, la constante devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación financiera, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas, y la absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que permiten el sostenimiento de la vida. Todo ello, de la mano de toda una serie de impactos socioambientales que afectan directamente a las poblaciones y los ecosistemas a lo largo y ancho del planeta.

Puede trazarse una línea de continuidad entre el poder de las grandes corporaciones en el ámbito económico, político, social, ambiental y cultural, y los impactos que las empresas transnacionales generan en estas mismas dimensiones. Dicho de otro modo: los efectos negativos de la presencia de las transnacionales por todo el mundo no son meras consecuencias negativas de “malas prácticas”, sino que constituyen las condiciones necesarias para sostener y aumentar su poder a todos los niveles. De ahí que sea imprescindible continuar con la investigación, documentación y sistematización de los abusos cometidos por estas empresas, no sólo para proteger los derechos fundamentales de las mayorías sociales, sino también para reflexionar y proponer modelos alternativos de economía y sociedad que no sitúen a las multinacionales como los actores centrales del “desarrollo”.

En América Latina, la región donde las empresas españolas se han convertido en grandes transnacionales, tenemos numerosos ejemplos de cómo la llegada de la inversión extranjera no ha significado una mejora de las condiciones de vida para la mayoría de la población. En los últimos años, además, se han intensificado los conflictos socioecológicos que tienen a las compañías eléctricas, petroleras y mineras como protagonistas. Desde las secuelas que deja el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) —que cuenta con la participación de Endesa—, una línea de transporte de electricidad a alta tensión que atraviesa toda Centroamérica y que conlleva la construcción de megaproyectos con fuertes daños ambientales como la presa hidroeléctrica El Chaparral en El Salvador, hasta casos como el de la mina de oro y plata Cerro Blanco, localizada en Guatemala y propiedad de Goldcorp, que representa una amenaza de contaminación por metales pesados para los ríos, acuíferos y poblaciones cercanas; pasando por los efectos del extractivismo en áreas de gran biodiversidad como el Parque Nacional Aguaragüe, en Bolivia, donde transnacionales como Repsol y Petrobras han contaminado el agua y la tierra y han desplazado a comunidades campesinas e indígenas.

Todos estos casos, como afirma el Tribunal Permanente de los Pueblos, “deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas”. Por eso, con el propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de estas compañías, diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las multinacionales hemos elaborado conjuntamente el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: «Una propuesta alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos».

* Erika González y Pedro Ramiro, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.