Condenan a una inmigrante a seis meses de prisión tras negarse a su deportación

MADRID // Sandra, una joven inmigrante ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid a una pena de seis meses de prisión por negarse a ser deportado tras ser trasladada desde el CIE de Aluche al aeropuerto de Barajas. El juez la ha condenado por «resistenca a la autoridad» y también le ha aplicado una pena en forma de multa ecnónomica por lesiones a los policías. La decisión judicial se ha tomado tras escuchar el testimonio policial, algo que rechazan desde colectivos sociales de ayuda a los inmigrantes que el juez debería haber tomado alguna iniciativa para acceder a las grabaciones de lo ocurrido.

Durante el juicio, Sandra recordó como uno de los dos policías que la iba a trasladar al aeropuerto la golpeó mientras ella permanecía engrilletada de pies y manos. Según señalan desde la Campaña estatal por el cierre de los CIE, «la violenta actuación policial no es un hecho aislado». A su juicio “son constantes los testimonios de migrantes que, en su deportación, sufren los golpes y los insultos de la policía. También existen vídeos, tanto en estancias del CIE como en el aeropuerto, en los que se observa lo que es ya práctica habitual de los escoltas. El Protocolo para las deportaciones, aprobado en 2007 tras la muerte por asfixia de Osamuyi Aikpitanyi –amordazado por sus escoltas–, alienta la violencia y la impunidad policial al legalizar un sinfín de instrumentos represivos», afirman en un comunicado.

La misma Sandra denunció a los policías, una denuncia que, pese a que el juzgado ha intentado archivar en dos ocasiones, sigue adelante. Frente a la petición por parte de la defensa de Sandra de que ambos procesos se acumularan, ésta fue denegada. Para la Campaña estatal todo ello no es sino muestra de la parcialidad del sistema judicial.

Sandra había declarado, tras su primer intento de expulsión, ser víctima de trata en su país de origen y estar amenazada de muerte. A pesar de ello, no le fue reconocida la protección por parte de las autoridades españolas. Desde la Campaña por el cierre de los CIE alertan de que «esta sentencia pone en peligro su presencia en España, al dificultarle la renovación del permiso de residencia y trabajo, ya que este tipo de antecedentes penales y policiales son utilizados el Ministerio del Interior para impedir la renovación de las tarjetas de residencia. Esta sentencia pone en riesgo, por tanto, una vez más, la vida de una mujer víctima de trata y de su familia en el país de origen». Es por ello de que desde la Campaña por el Cierre de los CIE han decidido recurrir la sentencia y exigen que se celebre cuanto antes el juicio contra los policías.