El PP se queda solo con su ‘ley mordaza’

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que será aprobada previsiblemente con los únicos votos a favor de la mayoría que ostenta el Partido Popular. Las últimas semanas han estado marcadas por un gran debate sobre algunos de los puntos más polémicos de la nueva ley, como el que legaliza las ‘devoluciones en caliente’ en la frontera con Marruecos, que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, señaló que contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas.

Durante los trámites que ha tenido que superar la ley hasta su llegada al Congreso se han introducido modificaciones respecto al texto que aprobó el Consejo de Ministros. Durante su tramitación en la Comisión de Interior del Congreso recibió 250 enmiendas de la oposición, de las cuales el PP afirmó haber aceptado 80. Finalmente, hasta 33 infracciones han sido modificadas (14) o eliminadas (19).

Entre los cambios en las infracciones sancionables –con multas que van de los 100 a los 600.000 euros-, es el paso del ‘botellón’ -que inicialmente se consideraba falta grave y acarreaba una sanción de 30.000 euros-, a falta leve. En sentido contrario ha ido el uso de imágenes de policías “que atenten contra su derecho al honor”, que pasa a considerarse una falta grave.

Se retira el «ultraje» a España

También ha desaparecido del articulado las “ofensas o ultrajes a España”, así como la participación en “alteraciones de la seguridad ciudadana” con la cara tapada, que pasará a ser considerado un agravante a la hora de sancionar. El PP también ha aceptado retirar la infracción que sancionaba “la práctica de juegos o actividades deportivas en espacios no habilitados para ello”, que inicialmente acarreaba una multa de 600 euros.

Sin embargo, se ha añadido sanciones de hasta 600 euros a la práctica de la “venta ambulante no autorizada” en la vía pública, con el objetivo de perseguir el top manta. Además, en cuanto a las manifestaciones ante el Congreso, el Senado o asambleas regionales, se introduce el matiz de que deberán producir una perturbación “grave” de la seguridad para que sean sancionables.