Las falacias del plan de empleo juvenil de Rajoy

España presenta dramáticas cifras de desempleo juvenil, que ponen de manifiesto la nocividad de un modelo económico neoliberal obsesionado por la austeridad, los brutales recortes en los servicios públicos y la abierta agresión a los procesos de negociación colectiva. Esto está suponiendo: (1º) Una reducción drástica de los salarios y un empeoramiento de las condiciones de empleo y de la protección social y (2º) un debilitamiento de la cohesión social y de los pilares imprescindibles para la existencia del propio sistema democrático, todo ello derivado de la progresiva expulsión de una parte cada vez más significativa de la población del mercado laboral y de los sistemas de protección social.

La cuantía del desempleo juvenil se acerca al 60% de los jóvenes, en un contexto de diversidad de situaciones. En este sentido, se combinan personas altamente cualificadas con otras con importantes carencias formativas, insuficientemente satisfechas por un modelo de formación profesional sin financiación y carente de estructuras institucionales y empresariales adecuadas. Esta situación, en el contexto de un desempleo total de cerca de seis millones de personas, pone de manifiesto que el problema central (que no el único) para la incorporación de los jóvenes al trabajo es la falta de ofertas de empleo, tanto en el sector público como en el privado.

Todo esto se ve agravado por la última reforma laboral, que ha incentivado los despidos en el sector privado, así como por la política de recortes, que ha supuesto la destrucción de empleo publico y la imposibilidad de incorporar a los jóvenes a sectores que requieren de mano de obra para ofrecer servicios al nivel de los europeos en materia de educación, sanidad, dependencia, etc.

A pesar de lo descrito, las medidas adoptadas por el Gobierno Rajoy en materia de empleo juvenil no pasan de ser meramente epidérmicas o, peor aún, profundizan en la precarización y exclusión de los jóvenes del mercado de trabajo regular.

Conviene aclarar que, en la Unión Europea, la lucha contra el desempleo juvenil continúa absolutamente supeditada a las políticas de austeridad, recortes de presupuesto y recetas neoliberales de más reformas flexibilizadoras (vincular salarios a productividad, contrato único, rebaja de cotizaciones), todo ello a pesar de las recientes decisiones de destinar 20.000 millones de euros en los próximos años al fomento del empleo juvenil (frente a los 700.000 millones de euros dedicados a salvar a la banca).

En el ámbito nacional, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 4/2013, que incorpora un paquete de medidas en materia de empleo juvenil que persisten en la idea de empeorar las condiciones de trabajo de los jóvenes y en abaratar su mano de obra como principal medida de fomento de su contratación. En concreto:

-Se recupera un conjunto de incentivos a la contratación, a pesar de su ineficacia acreditada y reconocida por el propio Gobierno. Se continúa con la transferencia de rentas a las empresas con escaso compromiso de generación o mantenimiento de empleo (y con importantes costes para la Seguridad Social, que justificarán futuros recortes) y se incentiva la sustitución de empleo estable.

-Se profundiza en la precarización y dualidad en el trabajo mediante la creación de nuevas figuras contractuales descausalizadas: los minijobs a las española (un nuevo contrato a tiempo parcial de menos del 50% de la jornada completa y fuertemente incentivado); el contrato de primer empleo joven, con el que se permite el uso del contrato eventual para la contratación de jóvenes sin experiencia laboral superior a tres meses e inferior a seis; y la posibilidad de utilización del contrato formativo por las ETT. A todo esto se suma un sistema altamente flexible de prácticas no laborales en empresas y becas, que está sirviendo para encubrir fraudulentamente numerosas relaciones laborales.

Frente a tales medidas, habría que promocionar, en general, el incremento de inversiones en crecimiento económico y mejora de servicios públicos para incrementar el empleo. Y, en particular, el diseño y puesta en marcha de sistemas de incorporación de los jóvenes al mercado laboral transitorios y limitados temporalmente que permitan la rápida aplicación de la normativa común y la negociación colectiva aplicable al resto de colectivos.

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Ricardo Morón Prieto es Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de diversas publicaciones relacionadas con la contratación temporal y el empleo. Mediador del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje desde 1995. En la actualidad, Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la UAM y miembro activo en la Coordinadora de Cantoblanco en Defensa de los Servicios Públicos (UAM-CSIC).