Gallardón presume de Ley de Amnistía mientras Chile entierra la de Pinochet

MADRID // El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, destacó el pasado martes en el Pleno del Senado que el Gobierno “discrepa claramente” con algunos informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Sobre todo –enfatizó– con la petición de los expertos de la ONU al Gobierno español para que anule la Ley de Amnistía de 1977, un texto que se niega a cuestionar y que mantiene blindados a los responsables de crímenes contra la humanidad que se practicaron en España antes del 15 de diciembre de 1976.

Quien interpeló a Gallardón en el Senado fue el senador del grupo parlamentario vasco Jokin Bildarratz, que recordó que la ONU cifra en más de 150.000 el número de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo. “El mayor número del mundo tras Camboya”, recalcó Bildarratz. En la misma línea que él se han posicionado en los últimos años otros grupos, como los de BNG o IU, a pesar incluso de que el PCE –uno de los partidos que integran la coalición de IU– votó a favor de la ley en octubre de 1977.

Desde la aprobación de la Ley de Amnistía, los sucesivos gobiernos de PP y PSOE han bloqueado siempre la posibilidad de anularla, “algo que ya ha hecho Argentina con la suya, y que Chile acaba de anunciar que hará”, recuerda José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

“Chile no ha perdido la memoria, Chile no ha olvidado a sus hijos perseguidos, ejecutados y detenidos desaparecidos. Chile no ha olvidado a quienes mantuvieron viva la esperanza de un país libre”, sostuvo el pasado jueves la presidenta del país, Michelle Bachelet, en un acto en el Palacio de La Moneda con motivo del 41º aniversario del Golpe de Estado de Pinochet. En este encuentro, la socialista chilena confirmó que su gobierno anulará la Ley de Amnistía del dictador, que protegía a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos en el país entre 1973 y 1978.

Entre 1973 y 1990, unas 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y otras 28.000 sufrieron torturas, incluida la presidenta Bachelet.

Sin reforma de la Constitución

¿Qué diferencias hay entre España y Chile? Entre los defensores de la Ley de Amnistía española, algunos defienden que la Constitución, que se firmó un año después, la protege. Otros apelan al espíritu de la Transición e instan a no remover el pasado para no reabrir heridas, obviando a las decenas de miles de familias que siguen sin poder enterrar a sus víctimas.

Pero, tratándose de crímenes de lesa humanidad, el artículo 10 de la Constitución permitiría anular la Ley en España, explica Martín Pallín, que desmonta el supuesto impedimento legal para acabar con esta impunidad. “Si PSOE y PP quisiesen hacerlo mañana mismo, ni siquiera haría falta cambiar la Constitución. Bastaría con una mayoría absoluta como la que tiene el PP… y voluntad política”, añade el jurista.

Silva recuerda que, entre los totalitarios protegidos en España está el exministro Rodolfo Martín Villa, a quien la Asociación de Víctimas del 3 de marzo hace responsable de la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía en 1976 en Vitoria, víctimas de la represión franquista contra las manifestaciones solidarias que denunciaron lo sucedido en Vitoria el 3 de marzo de aquel año. “Hasta diciembre de 1976, también hubo bastantes muertos por la violencia policial; empezando por los controles en los que la Policía daba el alto y, si el conductor no paraba el coche, le freían a tiros”, recuerda Silva.

Respeto a las familias

Tanto en Chile como en Argentina y España, los contrarios a la Ley de Amnistía son conscientes de que es difícil condenar a todos los criminales después de tantos años. Pero apelan –como hizo el jueves el gobierno chileno– al carácter “simbólico” y al respeto a las familias de los asesinados y torturados.

No obstante, la Justicia chilena rompió la coraza de impunidad antes incluso de derogar la ley. A raíz de la detención en Londres del dictador Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces optaron por no aplicar la Ley de Amnistía porque contravenía la legislación internacional.

En España, el blindaje se mantiene. Y con él, la impunidad. Otros dos beneficiados por la Ley de Amnistía han sido el inspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el excapitán guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, reclamados desde diciembre de 2013 por la Justicia argentina por las torturas que habrían cometido durante los últimos años del franquismo. “Cuando se les ha intentado extraditar, han invocado la Ley de Amnistía para tratar de evitarlo”, señala Silva.

Entre los responsables que siguen vivos, también se encuentra José Utrera Molina, quien formaba parte del Consejo de Ministros de Franco que firmó los cinco fusilados de 1975 y el del anarquista Salvador Puig Antich, en 1974. Utrera Molina es el suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.