Proceso soberanista (6): ¿Cómo imaginan el Estado catalán los independentistas?

El número de septiembre de La Marea apuesta por analizar el proceso que vive Cataluña sin caer en la guerra de trincheras desde la cual suele abordarse. En los próximos días iremos publicando los distintos bloques que forman parte del dossier, que aborda el proceso soberanista catalán desde diversos ángulos con el objetivo de ofrecer las máximas herramientas posibles al lector para comprenderlo.

La hoja de ruta soberanista incluye el desarrollo del embrión que podría convertirse en unas «estructuras de Estado». En febrero de 2013, el Govern aprobó la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), un órgano de carácter técnico adscrito el departamento de Presidencia ideado para asistir jurídicamente al Ejecutivo catalán. Este organismo está formado por personas de reconocido prestigio profesional nombradas por el propio Artur Mas. Entre las funciones que tiene encomendadas destaca la de analizar las alternativas y las condiciones jurídicas que exige cada fase del proceso, además de asesorar sobre las infraestructuras que resultan estratégicas para un hipotético nuevo Estado.

El CATN, presidido por Carles Vives Pi-Sunyer, jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, cuenta entre sus miembros, que no perciben ninguna retribución económica por su participación, con juristas especializados en Derecho Constitucional, doctores en Economía, catedráticos de Ciencia Política y Sociología. Varios de sus integrantes han ejercido de asesores de instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa (asesora en asuntos de democracia) o el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo un caudal de talento y energía que algunos hubieran deseado que se destinase a ayudar a salir de la crisis.

Hasta el momento, el CATN ha elaborado 18 informes. En ellos se plantea desde cómo organizar una consulta por las vías legales hasta el modo en que debería crearse una Agencia Tributaria propia. También hay estudios sobre política monetaria, las relaciones de cooperación y comerciales entre Cataluña y el estado español, las tecnologías de la información en Cataluña, el poder judicial, los suministros de agua y energía y el proceso constituyente del nuevo Estado, en el cual se analiza la conveniencia de introducir fórmulas de participación ciudadana –a través de medios telemáticos, audiencias parlamentarias, etc.-.

Pero, sin duda alguna, uno de los informes del CATN más esperados fue el que se hizo público este verano, en el que se estimaba que una independencia no pactada costaría durante un primer periodo unos 5.000 millones de euros al mes (aunque preveía que a medio plazo Cataluña acabaría teniendo un superávit de 12.000 millones). Asimismo, los expertos concluyen que una Cataluña fuera del euro sería inviable. Sobre la UE predicen que acabaría aceptando a Cataluña como miembro de pleno derecho.

En cuanto a las relaciones que un hipotético Estado catalán debería mantener con España, el CATN destaca la “voluntad de fortalecer los vínculos históricos y actuales, colectivos y personales que existen entre los dos territorios”: “En ningún caso, la independencia se puede entender como la expresión de una voluntad de aislamiento o de desconexión respecto al entorno político, económico y cultural al que se pertenece, hoy más extenso que nunca”. Entre la “estrechísima red de relaciones” entre Cataluña y España, el CATN destaca los más de tres millones de personas nacidas en otros territorios del Estado que en el siglo XX se desplazaron a Cataluña, el hecho de que Cataluña exporte al resto de España el 34% de su producción (datos de 2012), así como los “profundos vínculos culturales” que existen, teniendo en cuenta que un 50,7% de los catalanes mayores de 14 años tiene el castellano como “lengua de identificación” personal.

El CATN también propone una doble nacionalidad para aquellos catalanes que no quieran renunciar a la española. En este sentido, el organismo destaca que se tendrían que encontrar las soluciones jurídicas “para no violentar las voluntades individuales, procurar acomodar los sentimientos de pertenencia, no poner dificultades a la libre circulación de personas y, sobre todo, ser ejemplares en el respeto a la diversidad y las minorías”.

Los informes elaborados por el Consejo integrarán el libro blanco de la independencia que el Govern, según anunció su portavoz, Francesc Homs, pretende publicar este mes de septiembre. A diferencia de Escocia, donde el libro blanco se hizo público en noviembre de 2011 (10 meses antes de la fecha en la que se realizará la consulta), el catalán llega a apenas dos meses del día en que se debería consultar a los ciudadanos, lo cual deja poco margen para rebatir sus argumentos. “Después de publicar el libro blanco, en Escocia se ha dado la oportunidad a los partidarios del ‘no’ para leerlo y criticar las cosas que no les parecían correctas, ha podido generar un debate”, señala la politóloga Berta Barbet. “En cambio, en Cataluña, también porque la campaña del ‘no’ se ha centrado más en cuestionar directamente que pudiese haber consulta, los informes no han generado este debate”, subraya.