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Chile derogará la Ley de Amnistía de la dictadura de Pinochet
La nulidad de la ley permitirá juzgar los crímenes cometidos entre 1973 y 1978
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La Gobierno de Chile ha anunciado que anulará «con urgencia» la Ley de Amnistía, promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet y que permitió que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 quedaran impunes.
“Chile no ha perdido la memoria, Chile no ha olvidado a sus hijos perseguidos, ejecutados y detenidos desaparecidos. Chile no ha olvidado a quienes mantuvieron viva la esperanza de un país libre», ha enfatizado Bachelet en un acto en el Palacio de La Moneda, en el 41º aniversario del Golpe de Estado de 1973.
La reforma –prevista dentro del programa electoral de Bachelet, que asumió en marzo el cargo de presidenta de Chile por segunda vez tras su mandato de 2006-2010– arrancará ahora su trámite parlamentario y apenas requiere una mayoría simple, con la que cuenta el oficialismo. La nulidad de la ley permitirá juzgar los crímenes cometidos entre 1973 y 1978.
No obstante, el Gobierno recuerda que se trata de una medida “simbólica”. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, ha explicado que la derogación de la Ley de Amnistía «no hace un cambio muy de fondo a lo que han hecho los tribunales chilenos hasta la fecha, que ha sido no aplicar la ley de amnistía».
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la Ley de Amnistía, que contraviene la legislación internacional. Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una afrenta.
El artículo 1º del decreto señala: «Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas».
Además de la derogación, el Gobierno ha anunciado que impulsará la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos y que tramitará la eliminación de algunos beneficios penales para quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
Es un hijo de puta; pero es nuestro hijo de puta.
(El presidente norteamericano de turno a Henry Kissinguer, otro hijo de puta)
Jo espero que eso de «obediencia debida» que parece justificar las agresiones a los ciudadanos por individuos uniformados, no se una coartada, mas o menos legal para no juzgar estos energúmenos. Quiero ver en un juzgado a los matones que pegaron a mujeres y hombres sin necesidad. En especial al que agredió a una muchacha rubia contra la pared. Cuando su acompañante intentó defenderla también fue agredido. Eso se debe pagar. Eso ni es hombre ni decente, es una bestia uniformada para coaccionar el ciudadano. Y otro caso que no se me olvida, es la agresión a unos viejos asustados mirando como violentamente echaban de su casa una familia. Este debe ser encerrado de por vida. Solo los canallas actúan tan canallesca mente. En Valencia fue criminal las agresiones de este ejercito de ocupación. Deben pagarlo. No se agrede al Pueblo por mandato de sus caciques. Antes un horado se suicida o se marcha a su casa. No hay obediencia debida que les salve. La democracia real tiene mucho trabajo por delante.
¿y en España cuándo? http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2014/06/reescribiendo-la-historia.html