La desobediencia civil gana enteros ante la prohibición de la consulta

BARCELONA // El compromiso adquirido por las fuerzas parlamentarias que han pactado la fecha y la pregunta de la consulta independentista en Cataluña –CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP-AE- de consultar a la ciudadanía el próximo 9 de noviembre topará con un recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, tanto a la ley de consultas del Parlament como al decreto de convocatoria que firme el president de la Generalitat, Artur Mas. Así lo han confirmado ya miembros del PP como la presidenta de los populares catalanes Alicia Sánchez Camacho. Ante este escenario, el Govern y los partidos que lo apoyan en la celebración de la consulta deberán decidir qué paso tomar. A dos meses para la fecha prevista para la consulta, la posibilidad de sacar las urnas a la calle pese al veto del TC comienza a oírse con fuerza en un amplio sector del soberanismo.

“Apostamos por organizar una consulta sí o sí”, ha reafirmado este martes por la mañana en una entrevista en el programa Els Matins de TV3 el diputado de la CUP-AE Quim Arrufat. La formación de la izquierda independentista mantiene desde hace tiempo la postura más firme acerca de consultar a los catalanes en la fecha acordada desoyendo la suspensión que caerá sobre la convocatoria una vez se presente el recurso. “El Estado español no nos da opción legal para hacer una consulta absolutamente legítima. La tenemos que hacer valer por el peso de la democracia, que es la gente”, ha afirmado Arrufat. A la voz de la CUP sobre esta cuestión se ha sumado una de un peso cuantitativamente mayor a nivel de fuerza en el arco parlamentario: la de ERC, socio de gobierno de CiU y a la postre la que tiene en su mano mantener el pacto de gobierno o, por el contrario, romperlo y forzar unas nuevas elecciones.

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha defendido este martes la desobediencia civil como vía para garantizar la celebración de la consulta. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el líder republicano se ha mostrado dispuesto incluso a entrar en el Govern –a pesar de las reticencias que mostradas hasta ahora- si ello puede servir como garantía de que el 9 de noviembre se consultará a los catalanes. “La máxima expresión de la desobediencia civil es votar (…). Los catalanes tienen el derecho y el deber de desobedecer porque el derecho a votar es fundamental”, ha sentenciado Junqueras.

Desde ICV-EUiA, la postura es más prudente aunque varios de sus dirigentes han cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional para emitir un dictamen que fulmine el 9-N. El coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, remarcó este lunes que el TC “es juez y parte, porque forma parte del degradado sistema bipartidista”, y recalcó que “no se nos pasa por la cabeza ninguna otra posibilidad que no sea ir a votar”. “Hay que votar y se puede votar el 9 de noviembre”, remachó Nuet. Su socio en la coalición, el coordinador nacional de ICV Joan Herrera, se ha mostrado convencido de que “no hay solución sin consulta”. Herrera subraya la necesidad de convocar una consulta “sí o sí” y añade que puestos a asumir consecuencias judiciales, debe hacerse “en aquello que más apoyos tiene dentro de la sociedad catalana y que es más irrefutable democráticamente incluso a ojos de la comunidad internacional: la consulta”.

Organizaciones como Guanyem y el Procés Constituent se han mostrado también favorables a la desobediencia civil para realizar la consulta de autodeterminación. “Apostamos claramente por el derecho a decidir en un sentido fuerte y amplio. Y nos comprometemos a hacer todo lo posible para que el 9-N se pueda votar, incluso desobedecer y poner las urnas en la calle”, defiende Ada Colau.

La encrucijada de Mas

Aunque más determinante será la postura que acabe adoptando CiU y el propio Artur Mas, que ha reiterado que no se saldrá de la legalidad. Hasta el momento, el partido que ostenta el Govern rehuye el término ‘desobediencia’ y defiende que más allá de que la consulta pueda quedar suspendida, esta estará avalada por la Ley de consultas que ha aprobado un Parlament escogido democráticamente, como ha afirmado este jueves el secretario general de CDC, Josep Rull, en una entrevista en TV3. En caso de que se produzca el veto, el president ya ha avanzado que convocará a los partidos favorables a la consulta para acordar una respuesta unitaria.

La opción de retirar la convocatoria descosería los acuerdos no sólo con las fuerzas pro-consulta –Arrufat (CUP) ya ha señalado que el pacto es para sacar las urnas a la calle y que cualquier otro escenario queda fuera de éste- , sino con ERC, que lo mantiene en la Generalitat. A la luz de las declaraciones de los republicanos, parece difícil que acepten una marcha atrás del propio Govern. Relevante será también la respuesta de la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, y el resto de los actores que capitanean la movilización independentista desde la sociedad civil, que este Once de Septiembre volverán a salir a la calle.

Realizar de la consulta bajo la suspensión del TC implicaría enfrentarse a un probable aumento de la presión por parte del Estado, que puede concretarse en dos actores fundamentales para llevar a cabo la votación: los conserjes de las escuelas que deban abrir como colegios electorales y los Mossos d’Esquadra. En este sentido, el diario ABC publicaba el pasado 2 de septiembre que el Gobierno estaría dispuesto a intervenir el área de seguridad y educación de la Generalitat, para que “ni un solo colegio se convierta en sede electoral, y ni un solo mosso d’Esquadra pueda permitir su apertura”.