Siete lustros de los acuerdos con la Santa Sede

En los últimos meses vengo observando cómo católicos, generalmente vinculados al OPUS, que forman parte del importante entramado de seglares que la iglesia católica oficial, utiliza -a modo de poderosísimos lobbys- en la enseñanza, la política, la jurisprudencia, la economía, la cultura.. etc. tratan de justificar, una y otra vez, en diversos medios de comunicación, la legitimidad de los actuales Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979. Y ello sucede, aun más, desde que el líder del actual y todavía principal partido de la oposición ha expresado su propósito de denunciar dichos Acuerdos, aunque no es la primera vez que desde la dirección del PSOE se lanzan estos mensajes, que luego, hasta le fecha, ha sido “papel mojado”.

Los voceros de la iglesia oficial (“voceros”, con todo el respeto), insisten en que esos Acuerdos forman parte de unos determinados “acuerdos no escritos” de la Transición y que en septiembre de 1979 fueron respaldados por un importante número de diputados.

Advierten los “portavoces” del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española que, hasta ahora, los temas en discusión entre la iglesia y el Estado español se han ido resolviendo, sin necesidad de abrir un proceso de revisión amplia de los mismos. El último acuerdo fue hecho por el Gobierno de Zapatero, al ampliar la subvención directa (vía IRPF) a la iglesia y adaptar la LOE a los nuevos intereses del empresariado católico y de las personas que imparten religión, dándoles garantías de estabilidad laboral. Suelen aludir en sus argumentos al Tribunal Constitucional (por supuesto, de forma muy interesada), dando a conocer algunas sentencias parciales, que no cuestionan la constitucionalidad o no de aspectos relacionados con los Acuerdos.

Estos argumentos son muy fáciles de rebatir, si acudimos al fondo de la cuestión, que estos “voceros” no plantean, evidentemente. Tiene que ver con que estos Acuerdos son claramente confesionales, cuyo objetivo principal es el de privilegiar a una determinada corporación religiosa (la católica), vulnerándose, con ello, al menos dos principios constitucionales: el de igualdad ante la Ley y el de no confesionalidad del Estado.

Otra cuestión muy importante es que (en mi opinión, erróneamente) se le dan carácter de internacionalidad, cuando la Santa Sede o la ciudad del Vaticano es un “Estado ficción”, además, de que no se atienen a lo que dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1980). Pero es que, entre otros argumentos jurídicos y políticos, el origen de ese “Estado” proviene de los Acuerdos de Letrán de 1929, firmados por Benito Mussolini y el papado de Pío XI. Con muy graves dudas sobre la legitimidad de esa firma.

El Concordato franquista de 1953 (no derogado) entre España y la Santa Sede se sustituyó por unos Acuerdos sobre materias concretas, con la “intención” de actualizarlo a los “nuevos tiempos”, pero con el fin de tratar de perpetuar los históricos privilegios de los que ha gozado la iglesia católica. Han pasado siete lustros y la sociedad española ha cambiado profundamente. También la situación política lo está haciendo de forma muy acelerada. Ya no hay una mayoría católica, como el mismo preámbulo daba como argumento para la firma. La sociedad se ha secularizado de manera mayoritaria, sobre todo entre los más jóvenes e irrumpen nuevos modos de religiosidad y de religiones.

¿Tienen hoy sentido estos Acuerdos en un Estado social, democrático, plural, muy secularizado y de Derecho? No.

Antes lo indicábamos, desde la política institucional se les da la consideración de “internacionales”, cuando no lo son. Son unos Acuerdos entre un Estado soberano y una organización religiosa y nada más. Y, por ello, su derogación, denuncia o anulación es cuestión de voluntad política, exclusivamente.

La Constitución española (aun en su calculada ambigüedad en la cuestión que nos ocupa) proclama el derecho de libertad de conciencia (y por lo tanto religiosa) y establece un sistema de garantías eficaz, de su ejercicio individual y colectivo, tanto de los indivi­duos como de los grupos en los que se integran. Y otra cuestión transversalmente relevante: España, como Estado formalmente democrático, ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Roma y diversos convenios y Tratados de la Infancia y se somete a los correspondientes controles jurisdiccionales internacionales, mientras que el Vaticano ni ha firmado, ni se somete a esos “controles”. ¿Entonces?

España, como Estado social, no tiene necesidad de firmar Acuerdos de ese rango con ninguna confesión religiosa, ya que está obligado a fomentar la libertad de culto, la libertad de conciencia (y por lo tanto de religión) y está legitimado para llegar a acuerdos de cooperación con todo tipo de entidades sociales (incluidas las religiosas) siempre en el bien común y general y, por supuesto, sin otorgar privilegios a unas, sobre otras.

¿Se verían afectados los derechos de libertad de conciencia y de libertad religio­sa de los católicos españoles si desaparecieran los Acuerdos vigentes y la Iglesia católi­ca se sometiera, sin más, al Derecho común para todos? Evidentemente, no. Sin embargo, el problema y la cuestión es otra: Lo que quiere la iglesia católica oficial (junto al papado de Roma) y los políticos cómplices, es conservar (y si pueden, aumentar) los privilegios jurídicos, políticos, simbólicos, tributarios, en materia de Enseñanza y servicios sociales y, por supuesto, económicos. ¿Cómo van a renunciar a los más de diez mil millones de euros que anualmente reciben del Estado, vía directa e indirecta? ¿Como van a renunciar a usurpar bienes públicos y privados, por la vía de la ley de inmatriculaciones? ¿Cómo van a renunciar a mantener delegados diocesanos en todos los centros escolares haciendo proselitismo religioso en las aulas y en los claustros? ¿Cómo van a renunciar a las capillas en espacios públicos, a los capellanes…? ¿Cómo van a renunciar a que el Estado les financie el culto y el clero, vía impuesto del IRPF? ¿Cómo van a renunciar a la exención tributaria del impuesto de bienes inmuebles y de otros impuestos?… Para eso mantienen los Acuerdos… como coartada política y religiosa, en un Estado que ya no es el de 1979.

Los Acuerdos con la Santa Sede son un gran obstáculo para una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico y político a la normalidad de una sociedad secularizada y para una definitiva laicidad de las instituciones del Estado.

En estos 35 años ha habido mucha complicidad con estos Acuerdos y no sólo por parte de la derecha política. La cuestión no ha estado (realmente) en las agendas políticas, ni tampoco en las agendas de muchos movimientos sociales y sindicales. Hace unos días, el nuevo líder del PSOE, proclamó que si gobierna algún día (?) los iba a denunciar. Sin embargo en una reciente e importante entrevista (El País 3.8.14) sorprendentemente ni lo ha mencionado. Espero que no estemos ante una “renovada farsa” electoralista.

Las intenciones de voto están evolucionando de forma muy acelerada. Se avecinan tiempos de profundos cambios, que pueden propiciar la posibilidad de anular los Acuerdos. Aunque, no obstante, no nos tranquiliza que en un amplio espectro político prime la retórica, cuando se trata de la cuestión religiosa. Tiempo al tiempo.

* Francisco Delgado es presidente de Europa Laica