¿Quién pagará el menú de Montoro?

Artículo publicado en el número de junio de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

En la campaña para las elecciones europeas el Partido Popular repartió caramelos con sus preanuncios de la futura reforma del sistema fiscal. Habrá una bajada del IRPF con reducción de tramos que beneficiará a las rentas medias y bajas. Asimismo, el proyecto ley, que el Gobierno promete entregar en el Congreso este junio, prevé más ayudas para madres trabajadoras. También se reducirá el tipo impositivo de sociedades, según avanzaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Lo que no dijo era cómo piensa financiar estas rebajas fiscales, como si el camarero de un restaurante cantara los platos a los comensales sin mencionar el precio del menú. “Será posible bajar el IRPF sin subir otras figuras impositivas”, aseguró el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Parece poco probable que este argumento logre convencer a la Comisión Europea, que apoya el plan de reformar el sistema fiscal con el objetivo de dar un empujón a la economía y la creación de empleo, siempre y cuando no se ponga en peligro la consolidación presupuestaria que ha sido vigilada de cerca por Bruselas en los últimos años.

Montoro ha sido contundente al rechazar la sugerencia de la Comisión que recomienda otro aumento del IVA para financiar la reducción de los impuestos directos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Bruselas aún ve margen para subir algunos productos, como los alimentos elaborados, del tipo reducido al general del 21%. También el informe de la comisión de expertos sobre la reforma fiscal, que había sido encargado por el Ejecutivo y que fue presentado en marzo, opta por elevar los impuestos indirectos. Montoro es consciente de que un aumento del IVA sobre productos básicos perjudica de forma desproporcionada a la gente con ingresos bajos, que tiene que gastarse casi todo su dinero en alimentos y otras necesidades elementales. Y muchos de ellos, como por ejemplo los seis millones de parados, tampoco sacarán provecho de la anunciada bajada del IRPF.

Expertos de todos los colores coinciden en la necesidad de reformar el obsoleto e ineficaz sistema fiscal español. Pero el Gobierno apenas tiene margen, ya que se ha comprometido a bajar el déficit al 3% hasta 2016. Tras los años de bonanza durante el boom del ladrillo, la recaudación de impuestos ha caído hasta apenas el 32% del PIB, muy por debajo de la media europea. A este dato se refiere el presidente Mariano Rajoy cuando alardea de la baja presión fiscal en España. Sin embargo, los tipos nominales que se aplican a los contribuyentes no difieren mucho de los de la mayoría de los vecinos. La diferencia se explica por el alto porcentaje de fraude fiscal, debido a la economía sumergida, así como la elusión fiscal, es decir la forma legal en que las grandes empresas y fortunas consiguen minimizar lo que pagan al fisco.

Por ello, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha no se cansa de reclamar más medios y personal para luchar contra los defraudadores. Pero ocurre justo lo contrario. El año pasado, los inspectores fiscales lograron recuperar 10.479 millones de euros de dinero defraudado, un 9% menos que en 2012, lo cual significa el primer retroceso en la lucha contra el fraude en años. Para Gestha, las propuestas del comité de expertos liderado por el catedrático Manuel Lagares benefician a las rentas altas y tienen “tachas de inconstitucionalidad” porque la Carta Magna establece que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica.

Con la crisis, la cuestión de la justicia de la fiscalidad ha vuelto al primer plano. Según un sondeo del CIS, el 87% de los ciudadanos considera que el sistema en España es injusto. Y lo peor es que la brecha entre las clases más pudientes y el resto de la sociedad va en aumento, no sólo en España sino en casi todos los países desarrollados, como constatan prácticamente todos los informes sobre el fenómeno, sean del Fondo Monetario Internacional o de bancos privados como Crédit Suisse.

Aumenta la brecha en el mundo desarrollado

El problema de la creciente desigualdad ha llegado a ocupar el centro del debate económico internacional gracias al éxito editorial de Capital en el Siglo 21 del economista francés Thomas Piketty, que bate récords de ventas (“El 50 sombras de Grey de la economía”, según el New York Times). El autor explica con datos abundantes de varios países cómo la brecha entre los más ricos y el resto de la sociedad ha vuelto a aumentar en las últimas décadas. Atribuye esta evolución básicamente al mayor rendimiento de las rentas de capital frente al trabajo. Todo esto pone en entredicho el concepto de la meritocracia en la que se basa la teoría capitalista, así como la idea de que un aumento de la riqueza de los más pudientes pronto o tarde acaba beneficiando también al resto de la sociedad. Para frenar esta creciente disparidad, Piketty propone gravar mucho más a las rentas de capital y el patrimonio.

El libro no parece haber influido en la propuesta de reforma fiscal elaborada por los nueve hombres que formaron el comité Lagares, algunos vinculados al sector financiero. En el resumen del informe se constata que las metas principales de la reforma son “coayudar al proceso de consolidación fiscal, y, en segundo lugar, inducir una mejora de la competitividad de la economía, el incremento del ahorro y el aumento del empleo”. Alcanzar una mayor equidad no figura entre los objetivos.

En consecuencia, los nueve expertos abogan por bajar el impuesto sobre las rentas de capital hasta el tipo mínimo del 20% que se propone para el IRPF. El Gobierno se ha mostrado abierto a esta idea. La justificación es la necesidad de fomentar el ahorro y la inversión. Es un argumento que han repetido hasta la saciedad en el sector financiero, desde el gobernador del Banco de España, pasando por economistas afines hasta los grandes jefes de la banca. “Para que la economía se recupere, es fundamental que se recupere el ahorro”, dijo el presidente del Banco Popular, Ángel Ron.

Este argumento obvia el hecho de que gran parte de la sociedad no ahorra simplemente porque no puede. A muchos hogares, a final de mes, no les queda ni un euro para meter en la hucha. La bajada del impuesto sobre las rentas de capital beneficiaría a los que tienen ahorros y, evidentemente, un tipo fijo del 20% favorece más a los que más dinero tienen en el banco. Sobra decir que la reducción fiscal interesa al sector financiero ya que hace más atractivos sus productos. La reciente publicidad del Santander para un nuevo depósito resume el concepto: “Es simple: cuanto más trabaje tu dinero menos lo harás tú”. A Comisiones Obreras no le gusta la idea de que “paga más un contribuyente que obtiene sus rendimientos sólo del trabajo, que otro que obtiene los mismos ingresos pero de capital”, comenta en su informe sobre la reforma fiscal. Por ello, el sindicato aboga por unificar ambas rentas, trabajo y capital, en la misma base para garantizar la progresividad de los impuestos que paga cada contribuyente. Por cierto, el informe Lagares no toca las Sicav, los vehículos que permiten a las grandes fortunas tributar sólo al 1%.

Otra de las propuestas que el Gobierno ya ha anunciado que va a poner en práctica es la reducción del impuesto de sociedades del 30% actual al 25%, o incluso el 20%, a cambio de eliminar deducciones fiscales. Gracias a estas excepciones, el tipo efectivo que pagan las empresas es únicamente el 18,7% (2011). Cuanto más grande es una empresa, más posibilidades tiene para reducir su carga fiscal a través de la contabilidad creativa. En 2012, los grupos más grandes sólo pagaron impuestos equivalentes al 4% de sus beneficios, según la Agencia Tributaria. La patronal CEOE pretende que, con la reforma, el tipo nominal se acerque el tipo efectivo, que realmente pagan las empresas. Para CCOO es al revés. Subiendo el tipo efectivo para acercarse al nominal actual del 30% (25% para pymes) se podría recaudar 7.000 millones de euros más al año, calcula el sindicato.

Cuanto menos impuestos pagan las empresas mayor es su margen de beneficio, lo cual favorece a sus accionistas, es decir al capital, y no necesariamente anima a crear puestos de trabajo. Los propios expertos del comité admiten que, para fomentar el empleo, es más efectivo bajar las cotizaciones a la Seguridad Social. En Alemania y en Dinamarca, la bajada de las cuotas ha tenido un impacto positivo en el empleo. Estos países lo han financiado con subidas del IVA, algo que el Gobierno español ha descartado. Así que no se sabe aún quién va a pagar por las rebajas fiscales anunciados en campaña hasta que Montoro traiga la cuenta.

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