Ocho años de cárcel a Rafael Blasco por malversar dinero de la cooperación

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana(TSJV)  ha condenado al exconseller del Gobierno valenciano Rafael Blasco a ocho años de prisión como autor de un “delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de tráfico de influencias, un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial”.

Blasco, que llegó al poder con el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y los gobierno de Joan Lerma, ha ocupado con Eduardo Zaplana y Francisco Camps hasta seis consejerías. La última, la de Solidaridad, le llevó al banquillo.

El TSJV ha juzgado al político valenciano tras conocerse que la Fundación Cyes había adquirido cuatro inmuebles con las subvenciones de la Conselleria que debían destinarse a proyectos humanitarios en Nicaragua. A partir de ahí, se conoció una trama de desvío de fondos públicos destinados a la cooperación que acababan en manos privadas. El caso llegó al juzgado de la mano de la diputada del PSPV Clara Tirado, a la que se le sumó la diputada de Compromís Mireia Mollà, quien presentó otra denuncia que aún está a la espera de acabar la instrucción.

“Estamos orgullosos de que podamos decir que se ha hecho justicia” ha afirmado Mollà, para quien “con esta sentencia empieza un camino, pero le caerán más condenas ahora que está claro que [Blasco] fue el promotor del desvío de fondos de la cooperación internacional a sus amigos”. Para Mollà, es un momento de “satisfacción” ya que “en el País Valenciano estamos poco acostumbrados a que se condenen a los corruptos, hoy le ha tocado a Blasco, pero vamos a trabajar para parar a los corruptos”.

En la sentencia, de 276 páginas, la presidenta de la Sala, explica que “no podemos dejar de lado la gravedad de los hechos en que el señor Blasco ha incurrido, ya que se ha prevalido de una estructura administrativa que dirigía, para pervertir sus  objetivos, disponiendo alegremente de unos fondos destinados a fines solidarios, para desviarlos a fines de índole puramente privada, lo que por afectar a unas cuestiones muy sensibles, como es la colaboración desinteresada, ha tenido dentro de nuestra sociedad una trascendencia muy negativa».

Para la juez, «no deja de ser un exponente más de la corrupción política que actualmente constituye una de las peores lacras que sufre nuestra sociedad, que exige una respuesta severa por parte de nuestras instituciones, que contribuya al cumplimiento de los fines de prevención especial y general que está llamada a cumplir toda pena, especialmente cuando se trata de personas que ocupan posiciones preeminentes dentro de nuestra Administración, por lo que precisamente deberían hacer gala de una voluntad de servicio hacia la sociedad, y no a la inversa».

Por este motivo, el tribunal ha acordado también la condena a Blasco a 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Mireia Mollà, recuerda que el exconsejero “fue el encargado de dirigir la estrategia del PP en la época de Camps, por lo que pidió que el expresidente abandone Les Corts “de forma inmediata” y que le acompañe Alberto Fabra, quien “votó en 2011 aprobar el presupuesto que le daba dinero a la trama corrupta”, cuando ya se estaba investigando el caso.