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La Justicia exige a exdirectivos de Canal Nou que aclaren un agujero de 1.300 millones

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La Justicia exige a exdirectivos de Canal Nou que aclaren un agujero de 1.300 millones

Tras una denuncia de Compromís los dirigentes de la radiotelevisión pública valenciana tendrán que aclarar su gestión al frente de Canal Nou

Toni Martínez
22 mayo 2014 Una lectura de 2 minutos
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El juzgado número 6 de Paterna (Valencia) ha citado a declarar como imputados a cinco exdirectivos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por su gestión al frente de Canal Nou y Ràdio Nou. El juzgado investigará, tras una denuncia del grupo Compromís, los posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, a causa de los cuales el ente autonómico habría acumulado una deuda de 1.300 millones de euros.

En concreto, las personas llamadas a declarar son Lola Johnson, Luis Redondo, Lluís Motes, Nuria Romeral y José López Jaraba. Dos de estas personas, Romeral y Johnson, estuvieron al frente del gabinete de comunicación de Presidencia durante el mandato de Francisco Camps, la última incluso como consejera.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha explicado que en la denuncia, que puede ser ampliada, se pide investigar hechos sucedidos desde el año 2010. A su juicio la forma de actuar se resume en que RTVV asumía el déficit generado por «excesos» presupuestarios generados por contrataciones irregulares o injustificadas. Y puso como ejemplo una situación anterior: la visita del Papa en el año 2006, investigada actualmente por su supuesta relación con el caso Gürtel.

Enric Morera ha pedido también que Johnson, actualmente secretaria autonómica de Comunicación en Presidencia de la Generalitat, sea apartada del proceso de concesión de licencias de TDT, y ha augurado que este caso puede marcar «un antes y un después» en cuanto a la responsabilidad de la gestión del dinero publico en España.

“La gestión de la empresa la hemos pagado los trabajadores”

Desde los trabajadores, el todavía presidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud, señala que la acción del juzgado viene a refrendar “lo que hemos mantenido siempre y es que había responsabilidades por cómo se había administrado la empresa, una gestión que los trabajadores estamos pagando”.

“Esperemos que la Justicia depure responsabilidades, recuperemos el dinero y se demuestre que se han saqueado las arcas públicas”, concluye Mifsud, quien recuerda las tesis que defendieron los trabajadores: “si hay voluntad política, RTVV es recuperable, así que esperamos que esta instrucción aporte más datos”.

Actualmente, hay 138 trabajadores que continúan en la empresa: aquellos que se quedan para la liquidación, los representantes de los trabajadores y los de documentación y redes, que tienen que ser asumidos por la Generalitat en otros organismos. El resto ya han sido despedidos oficial y formalmente.

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