La CNCM investiga a las eléctricas por posibles prácticas anticompetitivas

MADRID//  “Supuestamente, el usuario puede llamar a un distribuidor y llegar a un acuerdo con él. Y esto es lo que busca UNESA, que todos nos pasemos al mercado libre”. Estas fueron las palabras con las que el director general de GeoAtlanter, Jorge Morales de Labra, alertó el pasado mes de abril la intención de las cinco grandes eléctricas españolas, en una mesa redonda organizada por el Ateneo y la revista Alternativas Económicas. Una sospecha que parece compartir la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) tras anunciar el pasado sábado el inicio de una investigación sobre si la comunicación de varias de ellas está orientada a confundir al consumidor y empujarlo hacia el mercado libre.

Según la nota de prensa difundida, la CNMC quiere esclarecer si “dichas comunicaciones o anuncios podrían ser equívocos, con el fin de inducir a los consumidores a adoptar decisiones poco meditadas”. Una información que podría resultar “anticompetitiva” y vulnerar el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). En concreto, se basan en dos evidencias que podrían considerarse como “actos desleales” al interés público.

La primera, la publicidad publicada por Endesa mediante la que la eléctrica trata de explicar las diferentes modalidades tarifarias. En ella, esta compañía advierte de la inseguridad que generará el nuevo sistema de tarifas horarias reguladas (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y lo contrapone con la estabilidad que, según su opinión, supone acudir al mercado libre. La segunda evidencia pasa por las cartas informativas que Gas Natural ha enviado a sus clientes junto con la última factura de la luz, mediante las que les advierte que, a no ser que expresen de manera explícita lo contrario, la eléctrica les aplicará directamente una tarifa propia a partir del 1 de julio.

A finales del mes de abril, la CNMC ya había solicitado prudencia a los consumidores a la hora de decantarse por una modalidad de tarifa u otra. Por un lado, es cierto que, con el nuevo sistema aprobado por el Gobierno, si uno elige la opción del PVPC, no sabrá cuánto tiene que pagar hasta que no reciba la factura de la luz. Por otro lado, la ley obliga a las eléctricas a establecer una tarifa con precios anuales fijos que, según la CNCM, son “considerablemente superiores” (un 17% más elevado) que la opción del PVPC. De hecho, los precios oscilan entre los 687 euros anuales de EDP hasta los 723 de Endesa.

Una realidad que, según se investiga ahora, podrían haber aprovechado algunas de las empresas de UNESA para crear una comunicación que apele a la inseguridad del consumidor, lo sitúe entre el miedo que su propia publicidad genera respecto a la del PVPC y el desmesurado precio de la modalidad fija anual y lo arroje al mercado libre en busca de una oferta presuntamente más barata y más estable. Dado que con su comportamiento podrían estar influyendo en la libertad de decisión de los clientes, la CNCM ya ha anunciado que ha solicitado información “a diversas empresas activas en el mercado de referencia y a otros agentes que pudieran haberse visto afectados por las citadas conductas”.

Finalmente, Competencia ha advertido que “en caso de que como resultado de la información recabada se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador”. Esta sanción podría conllevar una multa millonaria, como ya ocurrió en 2009, cuando la antigua Comisión Nacional de Competencia expedientó a las grandes eléctricas por abuso de mercado y prácticas competitivas y las condenó a pagar 61 millones de euros.

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