Merkel no se fía de las empresas de EEUU

La visita de la canciller alemana Angela Merkel a la Casa Blanca esta semana había levantado expectativas como pocas veces antes. La invitada del presidente Barack Obama sigue muy molesta con el espionaje en el pasado de su teléfono móvil por la NSA, el servicio de inteligencia de EEUU. Además, la cumbre estaba marcada por el conflicto en Ucrania y las diferencias entre ambos gobiernos respecto al grado de sanciones contra Rusia.

Pero hubo otro tema sobre la mesa que produjo menos titulares, aunque era igualmente trascendente. Obama y Merkel intentaron acercar posiciones sobre el controvertido Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea, el acuerdo de la Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Las negociaciones están en marcha.

Con sus potentes empresas exportadoras, Alemania y EEUU son los países que más interés muestran en crear el mayor área comercial del planeta. Sin embargo, ambos mandatarios, sobre todo Merkel, se encuentran con una opinión pública cada vez más hostil hacia el TTIP. Porque frente a las ventajas de la eliminación de aranceles para las empresas, se teme también el recorte de estándares sanitarios y medioambientales que suelen ser más estrictos en la UE.

Sin embargo, el principal punto de desencuentro entre Obama y Merkel son las llamadas Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Se trata de cláusulas en los acuerdos de libre comercio que permiten a los inversores privados denunciar un gobierno por presunto perjuicio y llevar el asunto ante cortes de arbitraje internacional, en vez de acudir a los sistemas de Justicia en el país en cuestión. Así por ejemplo, la eléctrica sueca Vattenfall ha demandado a Alemania por la decisión de abandonar la energía nuclear. Y se espera que los inversores en energías renovables en España lleven al gobierno ante un tribunal de arbitraje por la reducción de las subvenciones.

Merkel no quiere que el TTIP incluya estas cláusulas que abrirían las puertas a las multinacionales a reclamar compensación con dinero público por cualquier decisión política que va en contra de sus intereses. Los alemanes alegan que para ello basta con los tribunales nacionales en cada país.

“El presidente Obama haría bien en aprender de su socio alemán para repensarse su insistencia en meter en el acuerdo entre EEUU y la UE estos derechos extremos de los inversores internacionales y la posibilidad de reclamarlos fuera de los sistemas de justicia”, dijo Lori Wallach de Public Citizen, una ONG estadounidense que hace campaña contra el TTIP.

De la reunión de esta semana no ha transgredido si Obama tomó nota de los reparos de Merkel sobre los ISDS. Pero no parece que la Casa Blanca esté abierta a escuchar los argumentos en contra de estas cláusulas. Hace unos días, EEUU negó la entrada a una activista alemana contra el TTIP. La afectada, Maritta Strasser, había sido portavoz del ministerio de Justicia alemán en el pasado.

Presión de la Comisión Europea

Obama puede contar con un importante aliado en la Comisión Europea. Bruselas ha aumentado la presión para que el tratado incluya las cláusulas. Antes de Semana Santa el Parlamento Europeo aprobó un marco legal que facilitará la inclusión de las ISDS. El grupo de los socialistas europeos votó a favor a pesar de que en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 25 de mayo mantiene una postura crítica con el TTIP. Solo votaron en contra el grupo de la Izquierda Europea y los verdes europeos. „La UE quiere otorgar a miles de empresas estadounidenses el derecho a demandar a gobiernos europeos si éstos adoptan regulaciones que disminuyan los beneficios de los inversores. Tenemos que oponernos a esta amenaza para la democracia“, escribe la eurodiputada alemana Ska Keller, candidata principal de los verdes europeos a las elecciones del 25-M, en el último número de la revista de La Marea.

Una vez superada esta barrera en la Eurocámara, el comisario europeo para el comercio, Karel de Gucht, ya prepara el siguiente asalto a la democracia para que el TTIP se haga realidad tal como sus promotores lo desean. La Comisión ha anunciado que acudirá al Tribunal de Justicia Europeo para que los jueces impidan que los parlamentos nacionales puedan pronunciarse sobre el tratado. Bruselas pretende que sea necesario solo una mayoría en el Consejo Europeo, donde se sientan los 28 gobiernos nacionales, y en el Parlamento Europeo. La Eurocámara tendrá la última palabra sobre el TTIP. De ahí que los verdes y la Izquierda hayan convertido el tema en el eje de su campaña.