¿Patrimonio nacional o patrimonio eclesiástico?

Antonio Solís* // La Iglesia católica ha registrado a su nombre miles de propiedades en estos últimos años gracias a una norma franquista (la Ley Hipotecaria de 1946) que el Gobierno Aznar amplió en 1998. El artículo 206 de esta norma permitía a la Iglesia el Registro de algunos bienes que carecían de propietario a excepción de los “templos destinados al culto católico”. En su primera legislatura, el PP retiró esa excepción con el Real Decreto 1867 y gracias a él, la Iglesia ha llegado a registrar a su nombre catedrales por menos de 30 euros. A los arzobispados les basta con alegar que una propiedad les pertenece “desde un tiempo inmemorial” para inscribir a su nombre fincas y edificios. Ni la administración pública ni los notarios tienen por qué verificarlo.

Este privilegio ya fue objeto hace unos años de titulares de prensa denunciando que “la Iglesia se apropia de cientos de bienes municipales en España”. Hace unos meses ha causado escándalo la apropiación por este procedimiento de la Mezquita de Córdoba, patrimonio cultural de todos los españoles. Afortunadamente, la Junta de Andalucía , a instancias del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, acordó reclamar la titularidad de la Mezquita, oponiéndose al registro a favor de la Iglesia.

Ante el peligro de que esta acción prospere, se ha puesto en marcha una campaña de la “plataforma HazteOir”, deformando la realidad y, por ello, es necesario denunciar públicamente las malas artes de que se vale dicha Plataforma para desinformar y conseguir sus objetivos: la apropiación por la Iglesia de un bien cultural de carácter universal, como es la Mezquita de Córdoba.

En efecto, buceando en el curriculum del Defensor del Pueblo Andaluz, el comunicado de la plataforma HazteOir lleva por título “Un sacerdote casado interviene en la Catedral de Córdoba”. A falta de mayores razones se acude al argumento “ad hominem”. Viene a decirnos: ¿qué autoridad moral se puede conceder a una persona que se casa siendo sacerdote? No contenta con esto, la Plataforma HazteOir desciende un escalón moral más y trata de emponzoñar a la opinión pública con falsedades tales como afirmar que lo que pretende la Junta de Andalucía es promover “la utilización de la Mezquita por musulmanes y católicos en un clima de intercambio”. ¿Cómo se puede mentir tan descaradamente cuando lo único que se pretende es recuperar para la nación uno de los monumentos más visitados de España?

Ante la gran difusión que cualquier campaña puede alcanzar gracias a internet, creemos nuestro deber alertar a la opinión pública acerca de los intereses ocultos que animan a los promotores de esta privatización a favor de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba, aparte de su valor histórico y artístico, recibe más de un millón de visitantes al año, que abonan unos 8 euros por entrada.
 Nuestra Comunidad Valenciana es riquísima también en monumentos históricos y artísticos que creemos que pertenecen al pueblo. Si no reaccionamos enérgicamente contra las apetencias patrimoniales de la Iglesia, corremos el riesgo de seguir empobreciendo el ya menguado patrimonio de los valencianos.

* Antonio Solis es presidente de la AVALL (Associació Valenciana de Ateus i Lliure Pensadors)