El Supremo declara ilegal un ‘resort’ de lujo en una zona protegida de Extremadura

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que el complejo turístico Marina de Valdecañas (Cáceres) es ilegal y que los terrenos protegidos donde se levantó deben se repuestos, según ha informado Ecologistas en Acción a través de un comunicado. Se ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a una denuncia presentada por la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción. Se trata de «una victoria tras ocho años de lucha judicial y serias amenazas sufridas por representantes ecologistas, que queda empañada por la lentitud de la justicia», valora el comunicado.

El proyecto urbanístico, parcialmente construido, se ubica en una isla del Embalse de Valdecañas, enmarcada por las Sierras de Gredos y de Las Villuercas. Además de formar parte de la Red Natura 2000, dada su declaración de Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), afecta a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC).

Pese a ser un humedal de gran importancia por las especies que lo habitan, muchas en peligro de extinción, la promotora Marina de Valdecañas, contó con el «apoyo y connivencia del Gobierno de Extremadura, que declaró el proyecto como Proyecto de Interés Regional (PIR)», denuncia la organización ecologista. Así, dos hoteles y 200 villas de lujo, un campo de golf y un puerto deportivo se empezaron a levantar a 160 kilómetros de Madrid.

El Supremo ha validado «todos los argumentos empleados por el TSJ de Extremadura», señala el comunicado, esencialmente la falta de motivación para el cambio de clasificación de los terrenos que son suelo no urbanizable especialmente protegido. La sentencia del Supremo recuerda que la jurisprudencia, puesta en relación con la normativa comunitaria europea sobre protección ambiental, «deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial, lo mismo que cuando concurren en ellos valores de los que la legislación urbanística considera merecedores de protección, resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección».

La sentencia llega tras casi ocho años de denuncias de Ecologistas en Acción, antes de que el Supremo haya declarado el proyecto definitivamente ilegal. La sentencia ordena que los terrenos vuelvan a la situación inicial, «algo que hubiera sido mucho más fácil de aplicar si se hubieran ejecutado provisionalmente las sentencias anteriores en lugar de imponerse una fianza de 41 millones de euros a las organizaciones ecologistas que denunciaron la ilegalidad», critica el comunicado de la organización, que concluye que «la lentitud de la justicia ha provocado que ahora parte del complejo turístico esté construido».

Marina Isla de Valdecañas «ha sido uno de tantos proyectos especulativos ligados al ladrillo y con gran impacto en el territorio que se intentaban vender a toda costa a los vecinos de las localidades cercanas bajo el mantra del empleo, el progreso y el bienestar», denuncia Ecologistas en Acción. La organización asegura que, durante estos años, varios activistas en Extremadura se han visto atacados y amenazados, incluso han tenido que abandonar sus lugares de residencia por «atreverse a denunciar este proyecto ilegal y este modelo de desarrollo para la zona, convencidos de que existen otras iniciativas que realmente supongan una alternativa sostenible para la zona».