El escrache a Sáenz de Santamaría fue un acto de “participación democrática”

La Audiencia Provincial de Madrid considera que el escrache del pasado 5 de abril a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no constituye delito de amenazas ni de coacciones, sino “un mecanismo ordinario de participación democrática”. Así lo ha afirmado el tribunal al desestimar el recurso de apelación de la Fiscalía contra el archivo del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. Una vez más, los jueces vuelven a avalar este método de protesta.

El escrache había sido convocado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y no fue comunicado previamente a las autoridades. El fiscal argumentaba en su recurso que la concentración impidió a Sáenz de Santamaría salir a pasear con su hijo, pero los magistrados de la Audiencia madrileña rechazan que la vicepresidenta no pudiera salir de su domicilio. Remarcan que la acción apenas duró veinte minutos, durante los cuales no hubo incidentes violentos, sino que únicamente se agitaron pancartas y se proclamaron consignas.

Por ello, concluyen que el escrache debe entenderse “como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos”. En este sentido, los jueces equiparan el escrache a Sáenz de Santamaría a otras manifestaciones y no ven que “la particularidad de haberse producido frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno le confiera otro carácter”.

Las continuas denuncias ante los tribunales de miembros del Partido Popular que han sufrido escraches están cayendo en saco roto. La portavoz de la PAH, Ada Colau, señala a La Marea que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, así como el archivo de otras denuncias por hechos similares, “confirma lo que nosotros decíamos, que los escraches son formas de manifestación pacífica perfectamente contempladas en la Constitución, y que lo que debería ser de normalidad democrática el PP lo ha intentado convertir en excepcionalidad”.

Una concentración pacífica

El auto de la Audiencia, con fecha del 29 de enero, constata que los manifestantes “no portaban armas, no emplearon violencia sobre las personas, no emplearon fuerza en las cosas y la perturbación del orden inherente a estas concentraciones numerosas no se saldó con daños a objetos o bienes de terceros, ni acometimiento alguno a las fuerzas policiales ni a otras personas”.

Los magistrados señalan que “según consta en los videos policiales aportados a la causa, las frases empleadas, los gritos proferidos o los carteles que portaban los manifestantes, denunciaban la decisión política del PP de votar en contra de la iniciativa legislativa popular auspiciada por la plataforma en materia de desahucios y pretendían informar a la opinión pública sobre ello, e incluso algunos manifestaban el deseo de mantener un diálogo con la vicepresidenta al respecto”.

Colau denuncia que el Partido Popular “está abusando de su poder y dando un uso muy político a la Fiscalía, utilizándola junto a la Policía como un mecanismo de seguridad privada”. “Es absolutamente legítimo y necesario que la gente se movilice para defender los derechos y las libertades fundamentales, y por lo tanto no nos dejaremos intimidar y seguiremos defendiendo los derechos fundamentales de la población, tan amenazados por el Gobierno del PP”, añade.

La PAH pide la dimisión de Cospedal y Cifuentes

Para la portavoz de la PAH, el hecho de que la Justicia esté archivando las denuncias por escraches debería suponer la dimisión de aquellos representantes públicos del PP que acusaron a la Plataforma de practicar “nazismo puro”, en palabras de la Secretaria General del PP María Dolores de Cospedal, y de tener “ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras”, como afirmó la Delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes.

“En ninguna otra democracia europea es imaginable que un representante del Gobierno acuse de terroristas y de nazis a ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la libertad de manifestación y de expresión”, afirma Colau. “En otras democracias, banalizar con el terrorismo y con el nazismo significa una dimisión inmediata”, sentencia.

Además, pide que se archiven también todas las multas impuestas por la vía administrativa a los participantes en escraches. “Por el escrache a Soraya y por otros en Madrid se han puesto multas de miles de euros, precisamente intentando burlar la Justicia. Como los jueces no les están dando la razón, están intentando intimidar a los ciudadanos a través de multas administrativas que no pasan por un juez”.

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