Ataque a los jueces que frenan los despidos colectivos

MADRID // En los últimos años de crisis económica y recortes, los jueces españoles han alcanzado un protagonismo especial como defensores de los derechos de los ciudadanos. “En este momento los jueces españoles están siendo valorados muy positivamente porque están luchando contra la corrupción. También han sido pioneros en la lucha contra los desahucios y están teniendo mucho protagonismo en otros temas que afectan a los ciudadanos como las preferentes o las cláusulas abusivas. Creo que en estos momentos la percepción que hay es que los jueces están tutelando los derechos de la gente más desfavorecida socialmente, como muestra también el tema de la reforma laboral. La gente ve como la última confianza que tiene es acudir al juez”, afirma Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una entrevista para el dossier sobre la Justicia en el número de febrero de la revista de La Marea.

Sin embargo, el Gobierno está intentando cortarles las alas a los jueces, especialmente en los casos de despidos colectivos (EREs) en los que los tribunales han estado más del lado de los trabajadores que de las empresas desde que muchos conflictos laborales acabasen en los juzgados a consecuencia de la reforma laboral. La Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)- advertía en sus últimos informes sobre el rescate a la banca española de que los jueces eran un obstáculo.

El Ministerio de Trabajo ya retocó la legislación para reducir el margen de interpretación de los tribunales en los EREs. Y en enero, el Tribunal Supremo ratificó la reforma laboral y pidió a los jueces que no se excedan a la hora de evaluar las causas de los despidos colectivos. «El legislador de 2012 ha querido, y así lo ha hecho constar en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, que los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento de los despidos colectivos no sustituyan al empresario en la elección de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad suficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas apropiadas) para hacerles frente», dijo el máximo órgano del poder judicial en un comunicado.

Al parecer no ha sido suficiente. Hace unos días, el FMI advirtió al Gobierno de España que “la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales«. Esta recomendación ha provocado una respuesta contundente por parte de los jueces españoles que piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy amparo del sistema judicial ante estas críticas de las organizaciones internacionales.

“Con estas manifestaciones el FMI está sugiriendo la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX, cuando no existían derechos. Con sus pretensiones este organismo internacional parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico. Además, esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos”, dijo Jueces para la Democracia en un comunicado.