La reforma local recortará hoy otros 3.500 millones a los servicios sociales

La ley de reforma de la Administración Local llega este jueves al Congreso de los Diputados después de que este martes superase el trámite en el Senado. La ley fue aprobada en la Cámara Alta con los votos favorables del PP, PNV Y UPN, pese al rechazo del resto de grupos. El PSOE ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, que recorta 3.500 millones en servicios sociales.

El Gobierno considera que la reforma clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal.

Sin embargo, varios colectivos sociales y partidos de la oposición han denunciado que la ley abre la puerta a privatizar servicios básicos que hasta ahora venían prestando los ayuntamientos. Y es que en los casos de los servicios sociales de pequeños municipios que sean deficitarios, su gestión pasará a las diputaciones, que decidirán si los asumen u optan por privatizarlos.

Partidos de la oposición y sindicatos han recordado que la deuda de los ayuntamientos supone tan solo el 5% del déficit público global, mientras que la reforma los “criminaliza” quitándoles competencias cuando no cuadren sus cuentas. La atención a domicilio, por ejemplo, que se presta a las personas dependientes, la atención a la violencia de género y las escuelas de adultos e infantiles serán algunos de los servicios susceptibles de pasar a manos de las diputaciones.

Acuerdo con el PNV

Los populares rechazaron prácticamente todas las 447 enmiendas parciales presentadas. La mayoría de estas buscaban la supresión de parte del articulado al considerar que la reforma vulnera la autonomía local, privatiza o recorta la gestión de los servicios sociales, impulsa las fusiones de municipios y da más poder a las diputaciones, cuya composición no es elegida directamente en las urnas.

Finalmente se incorporaron 25 enmiendas parciales presentadas por el Grupo Popular, así como dos del PNV y otras dos de Coalición Canaria, que buscaban garantizar el respeto al régimen foral vasco y la singularidad de las Islas Canarias.

Desde el grupo de CiU, Carles Páramo criticó en el Senado que la ley supone un “atentado a la autonomía local”, aunque se mostró dispuesto a llegar a acuerdos de última hora si se respeta la autonomía catalana y lo fijado en el Estatut. La votación se pospuso dos veces a la espera de llegar a un acuerdo entre PP y CiU, lo que finalmente no se produjo.

Precisamente, los nacionalistas vascos dieron su apoyo al texto después de pactar con el PP una regulación específica para el País Vasco, que fija que la coordinación y decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos quede ligada a las diputaciones forales.

Junto al País Vasco, en Navarra, Aragón y los territorios insulares se permitirá una aplicación más flexible de la ley. En Aragón, la reforma local reconoce su modelo territorial de comarcas como entidades supramunicipales para la prestación de servicios; y, en el País Vasco y Navarra, sus ayuntamientos no están obligados a suministrar información financiera y administrativa al Ministerio de Hacienda, ya que son las propias instituciones forales las que ejercen la tutela.

Entre las modificaciones introducidas destaca la que dará posibilidad a los ayuntamientos para dedicar patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, si bien deberá ser bajo determinadas condiciones y con la obligación de reponer el importe en un plazo máximo de diez años. Tras su aprobación hoy en el Congreso, la ley podría entrar en vigor a principios de enero.

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