Nuevas presiones para realizar derivaciones a centros de salud privados

MADRID// Este martes han tenido lugar diversas concentraciones en varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, convocadas por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) y la Plataforma Matusalén. Alegan que, durante los últimos meses, se ha producido un incremento de las derivaciones de pruebas diagnósticas y procesos quirúrgicos «rentables» hacia los centros privados “mientras buena parte de los recursos de los centros sanitarios públicos de gestión directa se encuentran infrautilizados“.

Uno de los portavoces de CAS, Antonio Gómez de Líebana ha explicado a La Marea que antes eran los administrativos de los centros de salud quienes daban cita al paciente, por lo que podían elegir centro y conocer las listas de espera que había en cada hospital. Esto fue lo primero que les quitaron cuando privatizaron el centro coordinador de citas, en 2009, que gestiona Indra, empresa que pertenece a El Corte Inglés.

En un primer momento, durante las llamadas que se hacían desde este call center para conceder la cita, le daban al paciente dos opciones. Una en su hospital de referencia, donde les decían que las listas de espera ascendían a cinco meses, y la otra en un centro privado cercano a su domicilio en el que les aseguraban que podría realizarse las pruebas pertinentes en un plazo de una semana. Según explica Gómez de Liébana,  “muchos pacientes nos han contado que se negaban y que exigían por escrito una cita anterior en su hospital de referencia. El resultado era que se las daban para unas tres semanas, cuando antes les habían asegurado que era imposible“.

Sin embargo, el contenido de estas llamadas ha cambiado.  El portavoz de CAS cuenta que desde el verano se han cerrado muchas más plantas aún de diagnóstico por imagen, de laboratorios y de camas, lo que ha dejado prácticamente inutilizados a la mayoría de los hospitales en horario de tarde. “Y ahora –cuenta Gómez de Liébana- lo que nos cuentan los pacientes es que reciben una llamada del Centro de Atención al Paciente, gestionado por Indra, en la que solamente les ofrecen darles cita en un centro privado porque, según dicen, los públicos están colapsados“.

Una afirmación que desde CAS aseguran que es falsa y sobre la que ya han comenzado a trabajar sus abogados. “Tenemos documentos escritos de algún coordinador de derivaciones de la pública donde, ante la queja de un paciente, se le deniega la posibilidad de hacerse las pruebas en ningún centro público de Madrid, porque están colapsados“, prosigue. “Mientras tanto, hay radiógrafos y mamógrafos inutilizados e incluso quirófanos cerrados por las tardes cuando en las privadas sí se aceptan citas a esas mismas horas“.

Qué puede hacer el paciente

Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, solicitan a los usuarios que, cuando reciban una llamada de estas características, pidan identificarse a la persona que se pone en contacto con ellos, se nieguen a ir a la privada y que exijan una cita en la pública.  “Hemos puesto a su disposición un documento para que lo firmen y lo registren en el centro sanitario que solicitó las pruebas y vamos a sacar próximamente una guía para que los usuarios vean que tienen derecho a elegir un centro público. Además, tiene que saber que cuando los llamen y solo les ofrezcan la posibilidad de acudir a un centro privado, pueden denunciarlo por la vía legal“.

Según la experiencia de algunas de las personas que han acudido a la concentración en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, negarse funciona. Por un lado, una celadora de este centro relata lo que le sucedió la semana pasada. “Bajé a pedir una cita para una ecografía y mandaban a mi paciente, directamente, a un centro privado porque dijeron que el hospital estaba colapsado. Como yo conozco cuáles es la disponibilidad de mi hospital, me negué; insistí en que queríamos hacer la ecografía nosotros, que éramos sus médicos y teníamos los medios. Al día siguiente se le realizaron la prueba“.

Un resultado similar al que obtuvo Ángel, un usuario que ha acudido a defender la sanidad pública, según ha aseverado, por el bien de sus hijos y de sus nietos. “Si nos quedamos parados, la sanidad española va a ser como la de Estados Unidos, donde si tienes una enfermedad, si eres rico te puedes arruinar para curarte, y si eres pobre, te vas a la beneficencia para morirte“.

Su caso ocurrió hace unas tres semanas, cuando tuvo que ingresar a su madre, una señora de 94 años, en el hospital Clínico San Carlos. “Al poco tiempo de ingresarla allí, me comunicaron que iban a trasladarla a un centro privado, algo a lo que me opuse rotundamente. Dije que si alguien quería llevarla a otro sitio, tenían que presentarme por escrito un documento en el que me enumeraran las causas que motivaban esa decisión. Fue decirlo y en dos minutos, la señora que estaba en información del hospital, después de hablar con los médicos, me dijo que no la trasladaban“.

Este usuario, además, se mostraba indignado ante las explicaciones que, desde los poderes públicos, ofrecen a la población para justificar sus medidas de austeridad. “Recortan en servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones porque dicen que no hay dinero, cuando hay dinero más que de sobra. Bastaría con erradicar el fraude fiscal -alega- Y no digo nada si no nos obligaran a pagar las fechorías de los bancos, que estamos rescatando nosotros. Un tema sobre el que el Gobierno nos engaña reiteradamente. Nos dijo que el dinero que íbamos a darle a los bancos nos lo iban a devolver. Y ahora el propio Gobierno ha dicho que hay 36.000 millones que no vamos a volver a ver“.

¿Médicos o gestores?

Además de para hacer visible su protesta contra las derivaciones a los centros privados, los miembros y simpatizantes de CAS han aprovechado para repartir otro comunicado contra la gestión clínica, mecanismo por el que, según Gómez de Líebana “quieren contar con el personal médico como aliado de sus estrategias privatizadoras“. Según ha relatado a La Marea, desde diferentes Comunidades Autónomas están ofreciendo incentivos económicos “muy jugosos, que nosotros calificamos como perversos“, a cambio de que sean los propios doctores los que gestionen parte del presupuesto.

“Te pongo un ejemplo –dice el portavoz de CAS- Un servicio hospitalario a lo mejor gasta dos millones de euros al año. Entonces el centro reúne al sector médico, que crea una unidad de gestión clínica, y les dicen que si ahorran algo de esos dos millones de presupuesto que tienen, una parte se la darán a ellos como incentivo. Estos beneficios te los dan si ahorras en conceptos como el número de días que los pacientes tienen que permanecer ingresados, los gastos en farmacia y también los contratos de suplencia para cubrir la baja de los compañeros cuando se ponen enfermos“.

A pesar de que la mayoría de las ocasiones las protestas en defensa de la sanidad se dirigen contra miembros del Partido Popular, Gómez de Liébana ha querido destacar que la comunidad en la que más desarrollado está este sistema de incentivos es en Andalucía, “gobernada por el PSOE e IU,  para que nos demos cuenta de que no nos podemos fiar ni de los que se dicen de izquierdas“, añade. En esta comunidad existen mil unidades de gestión clínica, y desde CAS aseguran haber conseguido documentos del servicio de salud andaluz que demuestran que un jefe de unidad de gestión clínica en esta comunidad puede llegar a ganar 16.000 euros al año  y un médico unos 7000 anuales en incentivos.

La única forma que tenemos para defender nuestro Estado de bienestar es salir todos juntos a la calle“, afirma Gómez de Liébana. “Tenemos que dejar de pensar que el afán privatizador se centra en la sanidad o en la educación; va mucho más allá, tiene que ver con el sistema que propone el capitalismo en todos los ámbitos de la sociedad“, prosigue. “Y como ni los gobiernos de derechas ni los de izquierdas, por lo que se ve, van a pelear por proteger nuestros derechos, la última opción que nos queda es invadir las calles y recuperarlos por nosotros mismos“, sentencia.