The Lancet alerta de las consecuencias de la exclusión sanitaria en España

MADRID// A pesar de que la ONU insta a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal a servicios asequibles y de atención sanitaria de calidad, “el Gobierno español, sin pasar por el procedimiento parlamentario, promulgó un Real Decreto» con el que limita el acceso a los servicios gratuitos en los centros de salud, lo que socava el principio de la cobertura universal. Así comienza La erosión de la cobertura sanitaria en España, un artículo científico publicado el pasado viernes en la revista especializada británica The Lancet .

Este pequeño estudio está encabezado por Helena Legido-Quigley, investigadora de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y firmado por Martin McKee, profesor de este centro; José María Martín-Moreno, del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia; Carlos Álvarez-Dardet y Daniel La Parra, de la Universidad de Alicante; Carles Muntaner, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Toronto; y por el presidente y la coordinadora de Médicos del Mundo España (el médico internista Álvaro González y la investigadora y doctora en Farmacia Elena Urdaneta).

En el texto, recuerdan que desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, alrededor de 873 000 no residentes (probablemente incluyendo a los migrantes que ya no viven en este país) han perdido el derecho a la atención integral. Según añaden, la austeridad que caracteriza la política económica española también se usó para justificar la elaboración de esta norma, “a pesar de que el gasto público en salud en España ya estaba entre los más bajos de Europa».

A pesar de que esta norma garantiza  la cobertura integral a los menores de 18 años, las mujeres embarazadas o la atención de urgencias, este artículo denuncia que sigue habiendo obstáculos. Y es que, según los datos arrojados por Médicos del Mundo, se han documentado 1.192 casos de personas que no pudieron acceder a la atención sanitaria “debido a la falta de una documentación adecuada, los conflictos a la hora de interpretar el Real Decreto y en algunos casos, por discriminación o racismo».

Las consecuencias que podrían tener estos cambios normativos en la salud de la población pueden llegar a ser graves, según este grupo de médicos e investigadores, sobre todo en lo relativo a enfermedades como la tuberculosis o infecciones por VIH, además de hacer peligrar “el acceso a la salud mental, la adicción, y los servicios de cuidados crónicos para las poblaciones vulnerables, como las personas sin hogar».

Por otro lado, ponen de relevancia el impacto que el llamado copago sanitario puede tener en aquellos con menos recursos económicos, como por ejemplo los pensionistas, de los que, según datos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, un 17% no ha podido completar su tratamiento dado el encarecimiento de las medicinas. Asimismo, según explican, desde el pasado mes de octubre “los pacientes con hepatitis C, VIH, artritis reumatoide y algunos tipos de cáncer también tendrán que pagar el 10 % de sus costos de tratamiento en las farmacias de hospital hasta € 4.20 por receta».

Finalmente, los autores de este artículo alertan de que las medidas de austeridad pueden afectar especialmente al 30% de los niños que actualmente se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Además, el Consejo de Europa ha subrayado la necesidad de evaluar los efectos que la reforma sanitaria española pueden tener sobre los grupos más vulnerables y ha recalcado su preocupación sobre las nefastas consecuencias que estos pueden tener especialmente sobre los menores.

El artículo concluye con la advertencia de que además de que “las medidas de austeridad adoptadas por España y otros países europeos no han logrado sanar sus economías», existen cada vez más pruebas de que los recortes amenazan la salud de su ciudadanos. Aunque, según aseguran, “todavía hay tiempo para salvar el sistema sanitario español y revertir las restricciones que limitan la protección universal. Se puede volver a establecer el acceso universal a unos servicios de salud de calidad, tal y como ha recomendado en su resolución la ONU».

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