El Congreso debate el endurecimiento de penas del Código Penal

Más pena por más tiempo. Ese es el resumen de la reforma del Código Penal que hoy ha llevado al Congreso de los Diputados el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, y a la que ya han anunciado que se opondrán el PSOE, Izquierda Plural, PNV, CiU y el BNG.

El texto modificará la norma de 1995 para introducir penas más importantes en algunos delitos. Una de las novedades es lo que se conoce como “prisión permanente revisable”, aplicada a partir de los 25 años de prisión para casos de terrorismo o por asesinato de menores de 16 años. Para Izquierda Unida “se trata de una forma encubierta de establecer la cadena perpetua”.

De hecho, el Consejo General del Poder Judicial ya ha mostrado algunas dudas sobre su constitucionalidad en un informe. Además, el Consejo de Estado califica la reforma del Código Penal en ese aspecto de “innecesaria”.

Desde el Partido Popular defienden el texto y destacan que se aumentarán las penas de los delitos de corrupción. Además, recuerdan, también se establecen mayores medidas de seguridad contra los delincuentes sexuales, de forma que la libertad vigilada podrá aplicarse a más delitos en función de la peligrosidad del reo.

El ministro Gallardón ha asegurado en su defensa de la ley que “se ha querido actuar sobre las penas” y teniendo en cuenta la posible “reinserción” del reo. “Su reingreso con plenas garantías para él y para la sociedad”, ha indicado, “sin dar por supuesto la reinserción por el mero paso del tiempo”. Asimismo, ha indicado que con esta reforma “el Gobierno ha asumido un mandato, que todos invocan y que esta norma recoge. No se propone un endurecimiento general de las penas, sino un enfoque equitativo”.

Las palabras no han convencido al grupo parlamentario socialista, que ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de reforma. El PSOE denuncia que se trata de una «política criminal populista» con la que se busca responder a los casos con un mayor impacto mediático. Además, los socialistas se oponen al endurecimiento de las penas ya que, a su juicio, “solo obedece a la defensa de las posiciones ideológicas más conservadoras«.

Las críticas de la oposición también van dirigidas contra la nueva regulación de la «libertad vigilada«, ya que alertan de que la permanencia de enfermos mentales en centros psiquiátricos puede llegar a ser “ilimitada”. El ministro ha  justificado esa medida en que «se hará en casos donde haya una probabilidad elevada de que se vaya a delinquir, algo que la sociedad no puede no permitirse». Recuerda que se trata de una «ampliación» de algo que ya se aplica a los «delincuentes sexuales peligrosos».

Los grupos, en sus enmiendas, piden que el texto tenga una regulación “más innovadora” en la lucha contra la corrupción, y derogar los delitos contra la Corona, entre otros aspectos. Finalmente, creen que no reducirá los índices de criminalidad, pero sí conducirá a un incremento de la población reclusa y a “enormes e inútiles costes económicos”.