Mina de incertidumbre

[Artículo publicado en el nº 10 de La Marea, en venta en quioscos y aquí]

Un buque llamado Rugía atraca en el puerto de El Musel, en Gijón, con 156.000 toneladas de carbón procedentes de Colombia. El propietario de la carga es Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión más grandes del mundo. Su destino es la central térmica gijonesa de Aboño, propiedad de HC Energía, una venta que se hará efectiva cuando el precio del mineral suba lo suficiente para generar el beneficio previsto. Ese mismo día, en algún punto de la Meseta, cientos de mineros procedentes de Asturias, León, Palencia y Aragón marchan a pie hacia Madrid. Llevan semanas en huelga, reivindicando que se cumpla la inversión pública pactada y que el Gobierno anule el recorte del 63% en las ayudas al sector. No sólo están en juego sus salarios y sus puestos de trabajo, sino también la supervivencia económica de comarcas enteras. Algunos de sus compañeros llevan más de 40 días encerrados en el interior de los pozos.

Paradojas aparte, y más de un año después de aquella Marcha Negra, el futuro de la minería española se presenta, sin salir de la metáfora del color, negro como el propio carbón. A principios de octubre de este año, Gobierno, patronal y sindicatos firmaban el nuevo Marco de Actuación para la Minería del Carbón Autóctono y las Comarcas Mineras 2013-2018, o lo que es lo mismo, el reglamento que fijará los cupos de producción y los precios del mineral hasta el umbral fijado por la Unión Europea, el citado año 2018, como límite en el que las explotaciones no rentables deberán echar el cierre definitivo. Las declaraciones posteriores al acuerdo reflejaban el clima de resignación, tanto desde los sindicatos como desde la patronal minera. El “único plan posible” arroja cifras que sólo se pueden entender si se tienen en cuenta datos previos que reflejan el progresivo desmantelamiento del sector. En 1990 la minería del carbón daba trabajo a 45.000 personas repartidas en más de 200 empresas; en 2013 apenas llegan a los 4.900 en 14 compañías mineras. La intención recogida en la nueva reglamentación reduce el empleo hasta los 4.496 mineros en 2018. La extracción del mineral bajará un 10% en el mismo período. Números optimistas que se topan con el recorte drástico de las ayudas públicas a la producción, que pasan de los 300 millones de 2011 a los 85 millones de 2013, una cifra que menguará paulatinamente en los años siguientes. Además, el Real Decreto que obliga a las eléctricas a consumir un cupo determinado de carbón nacional se acaba en 2015. A partir de ese momento, las empresas eléctricas y las mineras tendrán que ponerse de acuerdo. Con esto, muchas compañías mineras podrían verse obligadas a cerrar antes de 2018 si no se articula un mecanismo válido para quemar carbón nacional, más caro que el de otros países.

Con este panorama, las comarcas carboneras españolas, zonas con una dependencia económica extrema de la extracción del mineral, continúan sumidas en una agonía marcada por la sangría demográfica y por una reconversión industrial fallida en unos territorios que han pasado del esplendor económico a la depresión social en cuestión de décadas. Los cálculos más conservadores de los sindicatos indican que el cierre de las minas, hoy por hoy, eliminaría 75.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos. Es una cifra desdeñable en las estadísticas globales del paro en España si no fuera porque condena a bolsas de población muy concretas. Sin embargo, los ciudadanos se preguntan qué se ha hecho con todos los millones que se han destinado a la supuesta reindustrialización. Las empresas instaladas al calor de los fondos mineros van extinguiéndose en procesos concursales tras haber agotado los periodos de mantenimiento del empleo necesarios para cobrar la ayuda pública. Un reciente estudio del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, en el que se analiza el cambio de modelo productivo en las zonas mineras, concluye que ha habido errores manifiestos “como la concesión a veces indiscriminada de ayudas, sin aplicar criterios más selectivos para ahuyentar a las empresas caza subvenciones”, y culpa a la Administración “por no fomentar suficientemente el I+D+I”. El resultado: polígonos industriales semivacíos, paro crónico y emigración disparada.

Además, empresarios rodeados de escándalos, como Vitorino Alonso, auténtico magnate de las minas leonesas, o fraudes como el de la mina de La Camocha en 2001, donde se descubrió que sus dueños hacían pasar por carbón nacional el carbón importado para cobrar la subvención, no hacen más que alimentar el estereotipo de un sector con privilegios en el que la figura del prejubilado adquiere especial relevancia como blanco de las críticas. En el nuevo plan sí se incluyen bajas incentivadas y prejubilaciones, a pesar de que el Gobierno no parecía dispuesto a concederlas. Para Luis Manuel Díaz, periodista asturiano que lleva años informando de todo lo que rodea a la minería es “una concesión para que los sindicatos puedan ‘salvar’ a los pocos que se van a poder acoger a la prejubilación. Dentro del castillo de naipes del nuevo plan representa poca cosa, porque la pirámide de edades de la minería es bastante baja, al menos en la pública asturiana Hunosa”. Un dato que viene a respaldar Pablo Pellejero, minero de 46 años del pozo Carrio, también de Hunosa, que asegura ser “de los mayores de la explotación”. Después de 24 años trabajando en la mina, Pellejero también desmiente que se cobren los altos sueldos de los que hablan los detractores del sector: “tengo muchos compañeros que cobran mil euros, incluso menos”.

La minería nunca se ha llevado bien con el ecologismo. Las organizaciones de protección del medio ambiente llevan décadas denunciando que el carbón es un recurso muy contaminante que no debería recibir ayudas públicas. La esperanza de las empresas en este sentido está puesta en la captura y almacenamiento del CO2 para hacer del carbón una energía limpia. Sin embargo, no se han producido grandes avances. Además, las implicaciones medioambientales se mezclan con las éticas. Según datos de la patronal minera Carbunión, el carbón importado que llega a España, y el que prefieren quemar las centrales térmicas por ser más ‘competitivo’, procede en su mayor parte de Indonesia, Colombia y Sudáfrica, un mineral extraído en macroexplotaciones a cielo abierto en las que las condiciones laborales son, cuando menos, peores que las españolas. Javier Orozco Peña, exmiembro del sindicato colombiano CUT, visitó las zonas mineras españolas el año pasado para denunciar las condiciones laborales en las minas colombianas. Orozco asegura que el carbón en Colombia se saca “en condiciones cercanas a la esclavitud, sin respeto por el medio ambiente o la mínima seguridad” y que grandes grupos de inversión como Goldman Sachs, el mismo que acumula carbón en el puerto de Gijón, especulan con un mineral que “está manchado de sangre”.

Antón Saavedra, escritor y líder sindical de la federación minera de UGT hasta 1989

Antón Saavedra fue secretario general de minería de UGT en los 80. A finales de la década, las diferencias de planteamientos le hicieron abandonar el sindicato. Desde entonces, es activista crítico con sindicatos y gobiernos y defensor del carbón “como un recurso al servicio del pueblo”. Saavedra  argumenta que “se silencia que por cada euro que recibe el carbón, el Estado obtiene 3,3 euros en la imposición directa y que por cada empleo minero se generan hasta tres puestos de trabajo entre indirectos e inducidos. No es un problema de carencia de medios sino un problema de opciones, de a quién se da y a quién se quita”. Además, pone en entredicho la validez de la normativa europea. “Que digan lo que quieran. También el Tratado de Lisboa dice que cada Estado puede gestionar sus recursos energéticos como le venga en gana. Los enemigos del carbón son el petróleo y el gas y los suculentos negocios a su alrededor, empezando por los del rey. Además, aprovechan la coyuntura para eliminar al último movimiento obrero organizado”.

Antonio Pantoja, minero prejubilado

Antonio Pantoja picó carbón más de 20 años. Las cicatrices de su cuerpo provocadas por accidentes en los que estuvo a punto de perder la vida dan buena fe de ello. Con el sistema especial de prejubilaciones mineras, que incluye un factor reductor por las condiciones laborales, se prejubiló con 43 años. Defiende que lo que firmó fue “un despido diferido y no un plan de pensiones”. Además, insiste en que poner a los prejubilados en la picota es injusto, sobre todo cuando lo hacen los políticos. “Si no existiera el dinero de las prejubilaciones, las cuencas mineras ya serían un desierto. Vivimos y consumimos aquí en un 95% de los casos”. Echa la vista atrás y reflexiona: “Firmé la prejubilación y lo hice pensando que era bueno para estos valles, porque también nos vendieron que habría reindustrialización. Nos pusieron el caramelo en la boca. Te dicen que no bajas más, que vas a ganar sólo un poco menos, y que tus hijos van a tener alternativas. ¿Tú que hubieses hecho?”.

Benigno Delmiro Coto, profesor y experto en literatura minera

Benigno Delmiro Coto, experto en movimientos obreros de los siglos XIX y XX, califica al minero como “el mito del titán que acude a las entrañas de la tierra a extraer el fruto”, una idiosincrasia de “arrojo y desprecio por la muerte propias del que se juega la vida todos los días”. Sin embargo, considera que desde el siglo XIX a la actualidad, todo lo que se escribe sobre los mineros tiene tintes políticos. “Han sido la vanguardia de la lucha obrera organizada, por lo que su figura se ensalza pero también se degenera, culpándoles de todos los problemas, para evitar que pueda explicarse y defenderse racionalmente”. Para Coto, “desgraciadamente en estas comarcas se ha impuesto la cultura del ‘Es lo que hay’ dejando muy atrás el motor del ‘qué es lo que debería haber’ propio de las conquistas sociales de siglos anteriores”.