Los ‘hombres de negro’ no se irán del todo

MADRID // España ha hecho los deberes que le han impuesto sus acreedores, como la reciente reforma del sistema de pensiones, que se traduce en un hachazo a las jubilaciones. Tras la última visita de la troika a Madrid en septiembre, los inspectores de la Comisión Europea (CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmaron en un comunicado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido prácticamente con todas las exigencias del Memorando de Entendimiento (MoU, en sus siglas en inglés), es decir las condiciones para el macrocrédito de 100.000 millones de euros para la banca española, de los cuales se ha usado 41.000 millones.

Este lunes, los ministros de Finanzas de la Unión Europa estudian el informe completo de la troika sobre el estado de la banca española y la marcha de las reformas. Si quedan satisfechos con las conclusiones de los hombres de negro es más que probable que el próximo 15 de noviembre decidan que España no necesitará una prórroga del rescate. Esto si no se producen sorpresas en el escenario internacional, un riesgo nada desdeñable en los tiempos que corren.

El Gobierno está empeñado en quitarse de encima a los hombres de negro que, en el último año y medio, prácticamente han dictado la política económica del país, lo que ha supuesto enormes sacrificios a los ciudadanos y ha dejado una tasa de paro récord. Hace pocas semanas, Madrid mantenía un firme pulso con Bruselas para acabar con la tutela de los inspectores. Finalmente, en los últimos días desde la Comisión y el MEDE, el mecanismo de rescate, se ha dado luz verde para que el rescate de la banca termine a finales de este año. “España empieza a salir del foco. La prórroga no es necesaria porque, a diferencia de hace año y medio, el Tesoro se financia en los mercados a intereses atractivos y el programa ha funcionado: las dudas sobre el sistema bancario se han disipado en gran parte”, aseguraba el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Sin embargo, en Bruselas y Berlín se resisten a renunciar a las herramientas para controlar el gasto y la agenda de reformas de Rajoy. Los guardianes de la austeridad temen que España podría relajarse en vez de continuar con los recortes de los últimos años, sobre todo con vistas a las próximas elecciones generales en 2015, según aseguran fuentes diplomáticas. La imagen del sur despilfarrador no se quita de la cabeza de los halcones. “Hay algún brote verde, pero no estamos como para organizar fiestas”, dijo recientemente Jörg Asmussen, el directivo alemán del BCE.

Aunque formalmente no habría más visitas de los hombres de negro, a los acreedores les quedarán todavía bastantes instrumentos para marcar la política de Rajoy. Para empezar, España seguirá bajo observación de la troika hasta que no haya devuelto el 75% de estos 41.000 millones de euros que ha usado del rescate. Como todos los países de la UE, está bajo vigilancia para que cumpla con los objetivos del déficit que determina Bruselas. En 2014 tendrá que reducir el desfase en el presupuesto al 5,8% frente al 6,5% previsto para este año y cuyo cumplimiento aún no está asegurado. Finalmente, la Comisión vigila sobre los llamados desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos. Eso quiere decir que si España se desvía de la ruta de consolidación preestablecida, Bruselas podría volver a mandar inspectores a Madrid.

Aunque el papel del FMI quedará disminuido a partir del fin del rescate bancario, el organismo de Washington no quiere renunciar a seguir influyendo en la política económica de España. De modo propio ofrece su ayuda, como por ejemplo en relación con la anunciada reforma fiscal. “Hay una comisión en marcha sobre el marco tributario español y es en ese diálogo en el que esperamos poder contribuir de alguna manera”, dijo Michael Keen, subdirector del departamento de asuntos fiscales del Fondo, durante la reunión anual del FMI que se celebró la semana pasada en la capital de Estados Unidos.

La crisis ha sido una oportunidad de oro para que los defensores del ultraliberalismo impusieran su agenda a los países intervenidos sin que las protestas masivas de sus ciudadanos maltratados pudieran alterar las políticas de sus respectivos gobiernos. “Tenemos una oportunidad que sólo se da una vez por generación para introducir reformas estructurales de largo alcance”, declaró en este contexto Markus Beyrer, el director general de Business Europe, el principal lobby empresarial en Europa.