Condenas de 56 años a cuatro independentistas acusados de pertenecer a Resistencia Galega

XAVI MIQUEL // La Audiencia Nacional ha condenado a 56 años de prisión a los cuatro independentistas gallegos juzgados el pasado junio por vinculación a Resistencia Galega (RG), y que han estado más de un año y medio en prisión preventiva. La sentencia considera probada la existencia de una «organización terrorista» en Galicia, por primera vez desde los años 80, y crea una alarmante jurisprudencia para los juicios que deben celebrarse en los próximos meses.

Así, se condena a dos de las personas a dieciocho años de prisión cada una por tenencia de explosivos con fines terroristas y por integración en banda armada. A las otras dos, se las condena a diez años de prisión por falsificación de documentación con finalidad terrorista (dos años) y por integración en banda armada (ocho años). La sentencia sólo ha rebajado en un año la pena máxima solicitada por la fiscalía, que pedía un conjunto de 64 años para los cuatro independentistas.

Además, la sentencia abre la puerta a la ilegalización de varias organizaciones del independentismo gallego como la organización juvenil Assembleia da Mocidade Independentista (AMI), la anti-represiva Ceivar o, incluso, la organización de montañismo AMAL (Agrupaçom de Montanha «Augas Limpas»). En este sentido, la Audiencia Nacional condena a dos de las personas por pertenencia a banda armada por el solo hecho de ser «miembros destacados» de AMI y, por tanto, de una «organización que apoya a RG», en una argumentación que desde las organizaciones solidarias ya ha sido calificada de «aberración jurídica».

Las muestras de solidaridad y de indignación no se han hecho esperar dentro del nacionalismo gallego y de buena parte de la sociedad por una condena que se considera totalmente desproporcionada. En este sentido, 22 organizaciones políticas y sociales (desde el independentismo hasta centros sociales okupados de carácter libertario, pasando por los partidos y sindicatos nacionalistas u organizaciones ecologistas o feministas) denunciaron en una rueda de prensa, convocada el día siguiente de conocer la sentencia, la «brutalidad represiva del Estado» y anunciaban «un salto cualitativo que abre la puerta a criminalizar y penalizar las organizaciones sociales y nacionalistas». Finalmente, denunciaban la «brutalidad represiva desde un punto de vista democrático» y la «contundencia penal consecuencia de un juicio que no contó con las mínimas garantías democráticas».

De hecho, según la defensa, el juicio celebrado la última semana de junio contó con diversas irregularidades, como el hecho de que el juez despreció el relato final de la defensa durmiéndose, o que varias testigos fueron expulsadas de la sala por no relatar los hechos tal como quería el juez. Una de las estrategias de la defensa durante el juicio fue demostrar que en Galicia no hay ninguna preocupación por un supuesto «fenómeno terrorista «, lo que quedó demostrado, ya que la sentencia reconoce que aunque el «terrorismo no es una preocupación social en Galicia, esto no exime de que haya una organización terrorista».

Además de presentar recurso a la sentencia, habrá que ver cómo se encararán y resolverán los próximos juicios que afectan a seis personas que deben ser juzgadas por su presunta integración en Resistencia Galega.

[Artículo publicado en La Directa]