Arias-Cañete: “Esta ley aporta sentido común”

Miguel Arias-Cañete (Madrid, 1950) es el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es decir, el máximo y último responsable de la polémica nueva Ley de Costas, una norma que desde el Ministerio se defiende con el argumento de que creará empleo y acabará con la “inseguridad jurídica” que el Gobierno atribuye a la anterior ley, aprobada en 1988, con el PSOE en el poder.

El ministro respondió a las preguntas de La Marea a través de un cuestionario.

En la elaboración de la ley, ¿ha participado algún gabinete o asesor externo, más allá de los abogados del Ministerio? ¿Qué hay de cierto en lo que dijo el exministro Abel Matutes al afirmar que “había trabajado mucho” en la ley?
El proyecto de ley fue elaborado por el personal del Ministerio, incluyendo el asesoramiento del servicio jurídico del departamento. Por otra parte, muchas personas, organizaciones ecologistas, representantes sociales y asociaciones de todo tipo han manifestado su opinión aportado propuestas a lo largo del procedimiento, como es habitual en cualquier procedimiento normativo.

¿Qué criterios se han seguido para elegir las 13 zonas de excepción?
Yo invitaría a la gente a que conozca cuáles son los núcleos que se han excluido, para que puedan juzgar. Comprobarán que se trata, en general, de barrios urbanos incluidos en ciudades, que nada tienen que ver con el medio ambiente costero. Y desde luego, nada tienen que ver con casas y hoteles de lujo, como algunos representantes políticos están afirmando con enorme irresponsabilidad.

Esta entrevista forma parte del dossier del Especial Verano de La Marea, «Se vende costa. Razón: reforma legal». Tan sólo se ha editado en formato DIGITAL y lo puedes encontrar aquí por 1,20 euros. 

¿Se puede encontrar alguna vinculación entre la ley de 1988 y la burbuja inmobiliaria en la costa?
La burbuja inmobiliaria se debe a varias causas. Lo que está claro es que la ley de 1988 no fue eficaz para evitar la urbanización excesiva y descontrolada de nuestras costas. Por eso la reforma prohíbe edificar en el litoral e introduce medidas adicionales: la cláusula antialgarrobicos, la preservación de las playas naturales, la mejora de la eficiencia energética y la adaptación al cambio climático con medidas concretas y ambiciosas.

¿Se han derribado casas que, a día de hoy, serían legales?
No creo, porque esta ley mantiene la ilegalidad de las casas que se edificaron indebidamente. Lo que hemos hecho es dar más seguridad y valor a las casas que se hicieron legalmente y se encontraron con una expropiación sin indemnización en 1988. A ésas las ayudamos. Pero las que no debieron construirse no han sido amnistiadas con la reforma y tendrán que ser demolidas.

¿Cómo justifica la ampliación de hasta 75 años de la licencia de actividad para empresas que incumplían la anterior Ley de Costas, como la papelera ENCE (cuyas instalaciones están en medio de una playa de Pontevedra)?
Niego rotundamente la mayor. La ley amplía los plazos de las concesiones y amplía las existentes hasta un máximo de 75 años, sí. La duración en cada caso dependerá del tipo de usos de la concesión y lo fijará el reglamento. Ahora bien, estamos hablando de prorrogar concesiones que son legales y tienen, por tanto, un título de concesión otorgado al amparo de la ley de 1988. En absoluto se contempla dar licencia a actividades ilegales.

¿Cómo se conjuga la ley con las directivas medioambientales europeas?
Sin problemas. Primero porque el litoral protegido por la normativa de costas seguirá estándolo. Y, segundo, porque la protección de hábitats no necesita su inclusión en dominio público. Pretender que la reforma afecta al cumplimiento de estas directivas, se puede deber a dos motivos: un profundo desconocimento sobre la reforma, o bien a una mala intención.

¿Será esta la norma definitiva?
Esta ley prohíbe edificar en la costa y contiene mecanismos tendentes a preservar los valores naturales del litoral. Me cuesta imaginar que dentro de unos años se puedan establecer nuevas condiciones de edificabilidad, en el sentido de relajar esas condiciones. La reforma atiende a la realidad de las costas españolas, introduciendo sentido común y soluciones a los problemas existentes, por lo que confío en que esta norma perdure.