Bruselas exige que se devuelvan las ayudas a los astilleros españoles desde 2007

Nuevo jarro de agua fría para los astilleros españoles. La Comisión Europea ha decidido que las bonificaciones a la carga de trabajo de los astilleros, conocidas como tax lease deben devolverse con efecto retroactivo desde 2007 (hasta el año 2011).

Es decir, las empresas que consiguieron beneficios fiscales al encargar trabajos con los astilleros con posterioridad al 17 de abril de 2007 tendrán que devolver ese dinero no tributado, una situación que desde el sector se ve como “el fin de los astilleros”.

Todavía no se conocen cifras finales, pero se considera que las empresas financiadoras pueden haber dejado de pagar más de 2.000 millones de euros en impuestos. Ante estas cifras, los trabajadores se preguntan quién va a darles financiación. “Es el fin de todo, la puntilla que nos faltaba”, se lamenta un trabajador de Navantia en Ferrol.

Galicia, Asturias y País Vasco son las tres comunidades más afectadas, y el gobierno de esta última considera que una decisión firme de la Unión Europea para devolver las ayudas supondría la pérdida de más de 80.000 puestos de trabajo.

Otras fuentes aseguran que la señal de alarma no es tan grave ya que los que deben devolver el dinero serán los inversores en estos negocios. De hecho, la empresa de moda, Inditex, podría haber participado en varias de estas operaciones de financiación al obtener esos beneficios fiscales. Finalmente, el buque podría llegar a costar un 20% menos y tanto la empresa como el astillero habrían salido ganando.

Las subvenciones que recibieron en su momento, en forma de ayudas fiscales, deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción, en ningún caso ni los armadores ni los astilleros. Pese a ello, la asociación de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) ya anticipó que la decisión de Bruselas supondrá «la desaparición de los astilleros españoles».

Qué es el tax lease

El tax lease es una operación entre tres que consigue reducir ampliamente los impuestos a pagar por las empresas. Es una forma de financiación mediante la cual una entidad financiera presta los servicios para que un armador encargue la construcción de una nave a un astillero. Detrás de esa entidad financiera, hay una agrupación de interés económico (AIE), una sociedad creada por varias mercantiles.

La legislación española permitía beneficios fiscales sobre la base imponible del precio de la carga de trabajo. Esto hizo que llegase hasta la Unión Europea una denuncia ante el Tribunal de la Competencia Europeo por esta estructura fiscal que favorece a los astilleros españoles en detrimento de sus competidores europeos.