Política
La Fiscalía aprieta a CiU por el caso de las ITV
El ministerio público solicita la declaración como testigo del conseller de Justicia, Germà Gordó, en el ‘caso ITV’; y se opone a la petición de indulto del exsecretario de Organización de Unió, Vicenç Gavaldà, condenado por el 'caso trabajo'
BARCELONA// La fiscalía y las acusaciones particulares han pedido hoy al juez que lleva el “caso ITV” que cite a declarar como testigo al actual conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó. El ministerio público sostiene que Gordó, que cuando se produjeron los presuntos hechos delictivos era secretario del Govern, tenía conocimiento de las gestiones de algunos de los imputados para interferir en el rediseño del mapa de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña.
La declaración de Germà Gordó es una de las comparecencias solicitadas por el ministerio público en el proceso que, tal como acordó el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), deberá ser juzgado por un jurado popular. El conseller de Justicia es la única persona de las que aparecen en las conversaciones intervenidas en el caso que todavía no ha declarado ante el juez.
La causa forzó la retirada, al menos momentánea, de Oriol Pujol como secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, al ser imputado por, según la interlocutoria del TSJC, coordinar la trama y “constituir una sociedad, UPPRIME, de la que sería socio, que recibiría una estación de ITV y así lucrarse personalmente”.
La defensa de Oriol Pujol también ha solicitado la declaración de otro de los pesos pesados de CiU, el entonces conseller de Indústria Francesc Xavier Mena, así como del exdiputado de la federación nacionalista, Eudald Casadesús, que participó en la tramitación de la ley de seguridad de las ITV.
Otro excargo de CiU, el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, encargado de elaborar el nuevo mapa de estaciones de ITV, se encuentra también imputado en la causa. El TSJC retiró la semana pasada la imputación al entonces subdirector de Seguretat Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, al no poder acreditar “suficiente” los hechos delictivos que se le imputaban.
El Govern ha evitado hacer ninguna valoración sobre la solicitud de la fiscalía y se ha limitado a señalar que está a disposición de la justicia para dar las explicaciones oportunas. El conseller de Presidencia y portavoz, Francesc Homs, ha sostenido que el Govern ofrecerá “toda su colaboración” para esclarecer el caso.
Indulto por el ‘caso Trabajo’
La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a la petición de indulto de Vicenç Gavaldà, antiguo secretario de Organización de Unió condenado por el «caso Trabajo». Gavaldà es una de las personas condenadas en el proceso que se abrió por el dinero destinado a cursos de formación para parados que fue a parar a las arcas del partido de Duran i Lleida. Los imputados llegaron a un acuerdo con la fiscalía y aceptaron penas de prisión inferiores a los dos años, por lo que no debían ingresar en la cárcel.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona resolvió que los condenados debían ingresar en prisión como ejemplo para evitar futuros casos de corrupción. Cuando los condenados pidieron el indulto al Gobierno, la Audiencia suspendió el ingreso en prisión a la espera de que se resolviese la petición. El ministerio público se opone ahora a la petición de indulto formulada por Vicenç Gavaldà al considerar que no existe ninguna razón extraordinaria para suspender la ejecución de la pena.