Los ecologistas vinculan la nueva Ley de Costas a la amnistía y la privatización

De “amnistía” y de un camino más hacia la “privatización” han tildado diferentes Ongs la Ley de Costas que el parlamento español ha aprobado este jueves gracias a los votos a favor del Partido Popular, la abstención de CiU y el voto en contra del resto de la oposición.

Grupos como Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Oceana o Ecologistas en Acción han mostrado su rechazo total a la norma que, a su juicio, significará un retroceso en la protección medioambiental del litoral y un paso más para el proceso de privatización de las costas.

Greenpeace incluso ha llevado su protesta hasta el tejado del Congreso donde querían mostrar su rechazo a la reforma. Ocho activistas han sido detenidos y pasarán a disposición judicial en la Audiencia Nacional.

Uno de los puntos más criticados por Greenpeace es “la falta de rigor de la reforma” ya que “una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas (elegidos sin criterios conocidos), la franja de protección de la costa se reducirá de 100 a 20 metros en determinados tramos y habrá una gran desprotección de importantes humedales costeros y dunas.

Además, critican que “la reforma desvaloriza la costa al entiende el litoral como un espacio a ocupar, incluso por industrias contaminantes, en lugar de como un espacio a proteger”.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción recuerdan que “la modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre todo, de la naturaleza”.

“Con la aprobación de hoy”, aseguran en un comunicado “se rompe definitivamente el valor de la costa como bien público y no como un recurso mercantil. La ley (…) conlleva varias claves que darán un giro a la gestión costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización”.

Por su parte, para WWF, en declaraciones a la agencia EFE, “la reforma significa un retroceso de 40 años en la protección del litoral y la pérdida de ecosistemas marinos muy sensibles además de permitir un boom en el desarrollo futuro urbanístico de la costa que nunca volverá a ser lo que conocemos hoy”.

Amnistía a 25.000 viviendas

La nueva norma salvará de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.

La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral protegida y establecerá “instrumentos para evitar las barbaridades urbanísticas», según explicó el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

La nueva Ley de Costas también diferenciará entre los tramos urbanos y naturales de las playas. Además se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988, aunque se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

Igualmente, excluye 12 núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).