Compromís cifra en 3.000 millones la deuda ilegítima valenciana

En los últimos años la deuda pública ha ido aumentado exponencialmente, en parte por los rescates y la socialización de la deuda privada de numerosos bancos y entidades financieras, y en parte por la nefasta gestión de algunos cargos públicos que, o han construido grandes infraestructuras inútiles, o han gestionado lamentablemente algunas empresas públicas hasta arruinar las mismas. Un gran ejemplo de esta crecida exponencial de la deuda pública es la Generalitat valenciana, y Coalició Compromís ha elaborado una auditoria para ver qué parte de la deuda pública es legítima y cuál no.

Según Compromís, la deuda pública ilegítima es todo el dinero que la Generalitat ha “inyectado para financiar y/o equilibrar el déficit (pérdidas) de la negligente gestión de sus empresas públicas mediante ampliaciones de capital (adquisición de acciones o participaciones) y también el dinero prestado a terceros sin que hagan nada porque los devuelvan”.

Esta deuda pública ilegítima a 31 de diciembre de 2011, el último año que la Sindicatura de Cuentas fiscalizó los números de la Generalitat, supera los 2.942 millones de euros, un 10% de la deuda total, y genera medio millón de intereses cada día, 20.000 euros de intereses la hora. Según Compromís, con todo ese dinero se podrían construir 39 hospitales o 300 escuelas, por lo que impulsa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para no pagar esta deuda pública ilegítima.

Además, los autores del informe de auditoria alertan de que la deuda pública es el argumento utilizado por los políticos para aplicar los recortes, amparados en las normas de estabilidad -las limitaciones sobre déficit y endeudamiento- que perjudican el bienestar e hipotecan el futuro de miles ciudadanos. Y también añaden que en esta auditoria no se han incluido los avales de la Generalitat valenciana, operaciones en las que ésta es fiadora de terceros, mayoritariamente empresas del sector público que se encuentran, prácticamente todas, en una situación de quiebra e insolvencia y que, a 31 de diciembre de 2011, son más de 5.000 millones de euros de riesgo vivo.

Los responsables del informe culpan a los sucesivos gobiernos de la Generalitat de esta situación, pero en particular al de Francisco Camps entre 2003 y 2010, período en que se construyeron obras megalómanas como el aeropuerto de Castellón, donde de momento sólo hay bólidos, o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A., empresa pública que la Generalitat ha tenido que rescatar posteriormente pero que había pagado convenios con el Instituto Nóos. También con dinero público se han rescatado hospitales privatizados como el de Alzira o el de Manises o se ha gestionado RTVV de una manera tan poco eficiente que ha tenido pérdidas sistemáticamente, haciendo también ampliaciones de capital, mientras ha contratado la Liga de Campeones o la Fórmula 1.

De hecho, la UE redujo hace menos de un mes en 116 millones las ayudas al País Valenciano por «irregularidades sistemáticas» en el uso de los fondos europeos de desarrollo entre los años 1994 y 1999 y hace unos días Compromís denunció que el gobierno de Alberto Fabra suprimió 15 millones de euros de una partida para materiales, maquinarias o transporte de asistencia sanitaria y los invirtió en pagar intereses de demora de la deuda con la banca.

[Artículo publicado en El Triangle]