Un alcalde denuncia a tres vecinos por grabar el pleno municipal

Donde unos ven una cámara de grabación como herramienta para fomentar la transparencia en la política municipal, otros ven un «delito contra las instituciones del Estado y desorden público». Esta diferencia de interpretaciones se ha dado en Matillas, un pequeño municipio de Guadalajara. El alcalde, Ignadio Gordon, que lleva 37 años en el mando, ha denunciado a dos miembros de la plataforma Graba tu Pleno y a un concejal del PSOE «por tener el teléfono encima de la mesa», explica Mónica Sánchez, una de las denunciadas.

«¿Nuestro delito? Ir a grabar cada pleno, por eso tenemos una denuncia penal», explica Sánchez, quien el próximo 12 de abril acudirá al Juzgado de instrucción número 1 de Sigüenza para declarar junto a una amiga y al concejal de la oposición. El delito de que se les acusa puede llegar a comportar «una pena de prisión de seis meses a un año».

El vídeo, que Sánchez presentará como prueba en el juzgado, corresponde al 31 de octubre, el día en el que ocurrieron los hechos que desembocaron en la denuncia. Como se ve en las imágenes, Gordon inicia la sesión pidiendo «por favor» que no se grabe el pleno y que los asistentes guarden los teléfonos móviles. «Mi teléfono no está grabando», dice el concejal que también ha sido denunciado. «Que le estoy diciendo que lo retire», insiste el alcalde, que advierte una vez más al concejal: «Si no lo retira llamo a las fuerzas del orden público para que se retiren de la sala, incluido tú». Tras este intercambio de frases, el alcalde procedió a cumplir con lo que Sánchez define como «su ritual habitual»: salir y llamar a la Guardia Civil. Al poco tiempo, «se presentó allí una pareja de agentes y argumentaron que su deber era auxiliar y proteger al alcalde», asegura Sánchez. «Protegerlo de una cámara de grabación, es absurdo».

302 euros de multa

Pero esta «caza de brujas», como lo define Sánchez, viene de lejos. La mujer lleva dos años trascribiendo las reuniones para su blog independiente. De hecho, el pasado 15 de octubre, Sánchez y su amiga recibieron en sus domicilios una notificación firmada por la Subdelegación de Guadalajara, en la que se le informaba de que había sido sancionada con 302 euros. Las dos vecinas, acusadas de “desobediencia a la autoridad, de alteración del orden público y de poner el peligro la seguridad ciudadana”, presentaron alegaciones a las multas y están a la espera de saber en qué acaban los expedientes.

Si no se convoca una reunión extraordinaria, la próxima vez que se vean las caras alcalde, concejales y las denunciadas será en abril. Ese día tendrá lugar el pleno al que Sánchez y su amiga acudirán armadas con una cámara doméstica y un móvil para dejar constancia de cómo se desarrolla el encuentro. «No vamos a parar; no tenemos miedo, no son más que ataques de soberbia y rabia», asegura la vecina.