El Gobierno promete un reglamento para los CIE, con tres años de retraso

VALENCIA // En las próximas semanas habrá un nuevo reglamento para los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), según ha asegurado esta semana el diputado del Partido Popular Francisco Márquez de la Rubia, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Márquez de la Rubia respondió así a una pregunta de Izquierda Plural en la que aseguró que el reglamento «ya está en marcha» y su aprobación se ha dilatado porque se abrió un proceso participativo «para acordar un texto lo más consensuado posible en un tema tan delicado». La ley que lo regula se aprobó el 19 de diciembre de 2009 y, desde entonces, tanto el gobierno del PSOE como el del PP han tenido el documento guardado en un cajón.

Las palabras del diputado conservador son un nuevo anuncio de reglamento para estos centros, donde permanecen los sin papeles a la espera de ser deportados a sus países de origen. Un nuevo anuncio, el enésimo desde que se aprobó la Ley de Extranjería en 2000. Desde entonces, seguía pendiente dar una solución a la necesidad de una reglamentación para los CIE.

Las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de los inmigrantes no se fían. Recuerdan como, con motivo de la reforma de la Ley de Extranjería del año 2010, se estableció un plazo máximo de “seis meses” para el nuevo reglamento. Y no se cumplió. Fue entonces, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior, cuando se presentó el primer borrador. Ya con el gobierno del PP, y tras las muertes a principios de 2012 de Idrissa Diallo y Samba Martine en CIE, se aseguró que antes de Semana Santa estaría el reglamento. Pero esta promesa tampoco se cumplió.

A favor y en contra del reglamento

El anuncio del reglamento ha hecho que aumenten las voces a favor y en contra de su puesta en marcha. Desde la Plataforma CIES No se niegan a valorar este borrador ya que, como explica uno de sus portavoces, Xavi Torregrosa, “no se debe regular lo que no debe existir”.

Torregrosa señala que ellos no aceptarán “ningún reglamento que no cite expresamente que el objetivo sea el cierre”. En este sentido, afirma que “si tenemos que valorar el borrador que por ahora se conoce, diremos que no es nada garantista, no ofrece derechos y lo que hace es consolidar el modelo policial de los CIE y la falta de derechos humanos”.

Por el contrario, desde Amnistía Internacional se recibe “positivamente” la elaboración del reglamento para que se corrija “la arbitrariedad que dejaba en manos de la dirección el funcionamiento de cada centro”.

La organización pidió mediante un comunicado que el borrador “refleje un cambio profundo en el modelo de centros, suprimiendo todas aquellas otras limitaciones que se establecen en otros derechos como en el acceso a las comunicaciones -derecho a usar teléfonos móviles o acceso a Internet-, la ampliación de los horarios de visita o el acceso de organizaciones sociales al interior del centro sin restricciones”.