El TSJC archiva la querella contra el conseller de Salut de Cataluña por los recortes

BARCELONA // El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado archivar la querella criminal presentada por sindicatos y asociaciones del ámbito sanitario contra el conseller de Salut, Boi Ruiz. Los querellantes consideraban que los recortes en sanidad llevados a cabo por el Govern de Artur Mas habían traspasado la línea de vulneración de derechos, y se acogían al artículo 542 del código penal, que prevé penas de inhabilitación “a la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.

El tribunal no considera que se hayan infringido las exigencias mínimas de calidad del servicio sanitario catalán y ha dado carpetazo a la querella, por lo que los hechos no serán investigados. Los querellantes, entre los que se encuentran la Liga Síndrome de Fatiga Crónica, la plataforma Dempeus per la Sanitat Pública, Attac-Acordem y el sindicato CATAC-CTS argumentaban que el cierre de centros de salud, la reducción de horarios de atención, el cierre de camas y quirófanos o el incumplimiento de los límites de espera para ciertas intervenciones quirúrgicas imposibilitan en algunos casos el ejercicio del derecho cívico de protección a la salud y asistencia sanitaria.

En este sentido, reclamaban también que se investigasen posibles delitos de omisión del deber de socorro, delitos contra la administración pública o tráfico de influencias por parte de Boi Ruiz y otros altos directivos de la sanidad catalana, como el expresidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat; el director del Server Català de la Salut, Josep Mª Pedrosa y la secretaria general del departamento, Rosa Fernández. El auto del TSJC concluye que “las conductas de políticas de recortes en sanidad llevada a cabo por el gobierno catalán apoyada por el Parlament, no tiene indicios de ilícitos penales”.

Asimismo, establece que “tampoco se anuncia o se intuye el más mínimo indicio de un concierto entre algunos o todos los querellados (…) encaminada al desmantelamiento de la estructura sanitaria de Cataluña, y mucho menos de que ello se haga en beneficio de las entidades privadas”. Destaca el tribunal que “los querellantes están totalmente en desacuerdo con la política sanitaria desarrollada (…), pues aún admitiendo la situación de grave crisis económica atribuyen particulares intereses a los querellados”.

Los querellantes ya han interpuesto un recurso de súplica en el que lamentan que “se cierra la puerta” a los ciudadanos que presentaron la querella y que pretendían que se abriera una investigación. En el recurso alegan que no han presentado la querella “contra unas personas por haber realizado una mala política”, sino “por entender que lo que realizaron y realizan puede ser constitutivo de delito”. El exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que apoyó en la redacción y presentación de la querella, ha lamentado que “el auto del Tribunal otorga amparo al conseller Ruiz y su equipo, al respaldar sus políticas antisociales y antihumanitarias y justificar las presuntas formas de corrupción del Departament descritas en la querella”.