Carlos Fabra desafía al Consell criticando el Ágora de Calatrava

VALENCIA// «El Ágora se hizo en Valencia no sé para qué. Todavía no sabemos para qué hizo el Gobierno valenciano el Ágora. No está terminada y no se ha puesto en funcionamiento para lo que fue hecha, pero llevamos tres años consecutivos jugando el Open 500 de tenis en un edificio que no estaba hecho para eso». Quien habla así no es un miembro de la oposición, sino el mismo expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Fabra se defendió con un “y tú más” de las críticas sobre el alquiler del aeropuerto de Castellón a equipos de automóviles para que realicen allí sus entrenamientos. El actual presidente de Aerocas, la empresa que gestiona el aeropuerto respondió así a las declaraciones de la consellera de cultura y deportes, María José Catalá, que aseguró que no era “adecuado” que el gobierno no sepa el uso que se da al recinto.

La respuesta de Carlos Fabra fue contundente y en una entrevista en la Cadena Cope criticó que «al Ejecutivo autonómico le parezca bien que el Open de tenis se haga en el Ágora, pero no que a un deportista de Castellón se le permita utilizar la recta del aeropuerto».

Este miércoles hay convocado un pleno en la Diputación para hablar sobre el futuro del aeropuerto al que Carlos Fabra no acudirá. “No tengo la menor intención de asistir a un espectáculo propiciado por Colomer”, dijo, en alusión al portavoz socialista en la diputación. Además, se jactó de que cuando él era presidente provincial «nunca consiguió convocar un pleno de estos”.

Venta por debajo de su valor

Lo cierto es que el futuro del aeropuerto sin aviones de Castellón está en una fase decisiva. Antes de que finalice el mes de febrero, el Gobierno valenciano  tiene que dar una respuesta a la oferta hispanolibia de gestión de la infraestructura para un uso distinto al turístico.

Por ahora, esta es única oferta sobre la mesa del Consell, y el montante total es de 200 millones de euros, de ellos, menos de 100 irán destinados a la compra de la infraestructura, que hay que recordar costó a las arcas públicas 138 millones de euros. El resto del dinero hispanolibio irá destinado a inversiones, según admitieron desde el propio ejecutivo autonómico.