La fiscalía anticorrupción pide la imputación de Oriol Pujol por el ‘caso ITV’

BARCELONA// El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado ha solicitado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impute al secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, por su vinculación en una presunta trama de adjudicación irregular de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El alto tribunal catalán deberá decidir si procede su imputación, ya que Pujol es diputado y, por tanto, aforado.

Se trata de una supuesta trama integrada por empresarios y representantes políticos, que habrían maniobrado para adjudicarse de forma fraudulenta licencias de estaciones de ITV. A Oriol Pujol se le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias, ya que según los informes policiales incluidos en el sumario, el secretario general de CDC era el contacto político de los imputados y “colaborador necesario” para que se llevase a cabo la trama.

Pujol, que ha comparecido esta mañana ante los medios tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de CDC, ha dejado entrever que, si se confirma su imputación, podría apartarse del cargo. «Nadie tiene que estorbar en el proceso histórico que ha emprendido esta formación política», ha manifestado.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya había dejado entrever la semana pasada que Pujol podía ser imputado “en breve tiempo”. La jueza que lleva el caso había solicitado a la fiscalía que dictaminase si procedía o no imputar a Pujol, una resolución efectuada hoy por el fiscal anticorrupción.

“Colaborador necesario” en la trama

Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario concluye que Oriol Pujol era “el hombre encargado de aportar la influencia política y de procurar realizar los movimientos oportunos”, para conseguir beneficios a este grupo de empresarios, entre los que se encuentran Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina, detenidos el año pasado junto al que era número dos de la Diputación de Barcelona, el convergente Josep Tous, y el subdirector de Seguretat Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles.

Según la jueza, los implicados habrían evitado «un procedimiento de concurrencia pública a la que pudieran acceder diversos operadores (…), al ya estar pactadas parte de las adjudicaciones». La Agencia Tributaria destaca que Oriol Pujol estaba “en todo momento” informado del estado de las negociaciones.