Más de cien días de asedio a Bankia

MADRID // Las mesas plegables, sobre las que se acumulan botes de cacao soluble, cubiertos y cajas con caldo de pollo, descansan pegadas a la pared de una oficina de Bankia, cubiertas por una lona. Al lado, cuatro personas de diferentes nacionalidades pasan el rato bajo un toldo alrededor de dos cubos de hierro que hacen las veces de braseros, repletos de brasas de picón.

Han pasado más de cien días, pero la decena de familias que se encuentran acampadas junto a la oficina de Bankia en la plaza Celenque, en pleno centro de Madrid, sigue resistiendo a pesar del frío junto a activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Todas tienen procesos de desahucio en marcha, o ya se han quedado sin hogar. Tras más de tres meses de mutismo por parte del banco, los acampados siguen con ganas de lucha: “La esperanza es lo último que se pierde”, afirma uno de ellos.

Rafael Gómez, peruano a punto de ser desahuciado, lamenta que España sea un caso “único en el mundo, con una legislación difícil de entender”, al no aceptar la dación en pago. Es uno de los acampados más activos, desde que se plantaron las primeras lonas junto a la oficina de Bankia en Celenque.

“Hemos ido de menos a más, cada vez ganando una fuerza mayor, superando algunos problemas”, explica Gómez, quien considera que considera “lamentable” tanto la acción del banco, que “está dejando a cientos de familias en la calle mientras mantiene miles de pisos vacíos”, como la del Gobierno. “El caso Bárcenas es una prueba más de que se sienten inmunes e impunes. Inmunes, porque no creen que pueden no escuchar las demandas del pueblo, e impunes, porque la justicia no está haciendo su trabajo”, denuncia.

A su lado, el ecuatoriano Manuel Arboleda organiza una recogida de firmas para evitar el desahucio de algunas familias. Él aún sigue en su hogar, pero sobre él pende desde hace un año la amenaza de desahucio. “Nuestras demandas, que Bankia se niega a escuchar siquiera, siguen siendo las mismas: la condonación de la deuda y el alquiler social”, proclama.

“Cómplices” de violaciones de derechos humanos

Uno de los asesores jurídicos de la PAH, Rafael Mayoral, ha denunciado esta mañana, en Celenque, el “enriquecimiento” de los bancos a costa de revender edificios procedentes de familias desahuciadas. “Expulsar masivamente a la gente de sus casas supone una violación de los derechos humanos”, asegura, por lo que se hace necesario “condonar las deudas y buscar una solución habitacional” para estas personas.

“Las casas están hechas para que viva gente en ellas. Hablamos de derechos”, remarca Mayoral, quien piensa que las medidas que está llevando a cabo el gobierno en este sentido son simples “parches”. “La ILP que presentamos en el Congreso la semana pasada, respaldada por un millón de firmas, es una propuesta de mínimos. Los diputados que se nieguen a aceptar estas demandas son cómplices de la violación sistemática de derechos humanos”, denuncia.