ICV se querella contra el exgobernador del Banco de España por prevaricación

BARCELONA// Los diputados de ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) Joan Coscubiela y Laia Ortiz han presentado una querella por prevaricación contra el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez , por no haber solicitado que se apartase a Alfredo Sáenz de su cargo en el Banco de Santander cuando este fue condenado.

En diciembre del 2009, la Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz a seis meses y un día de prisión, además de una multa, por un delito continuado de acusación y denuncia falsa. El tribunal consideró probado que el vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander había denunciado a un cliente durante su etapa al frente de Banesto, a sabiendas de que los hechos que le imputaba no eran ciertos.

Sáenz recurrió la sentencia y, un año después, el Tribunal Supremo confirmó la condena por un delito de acusación falsa, inhabilitándole para ejercer cargos de dirección en entidades bancarias, crediticias o financieras. El alto directivo del Santander fue indultado posteriormente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el ejecutivo socialista se encontraba en funciones tras haber perdido las elecciones.

“Indultado o no, el señor Sáenz no es honorable y tiene antecedentes penales vigentes actualmente”, recuerdan los diputados de ICV. Es decir, el indulto parcial cancela parte de las penas, pero no los antecedentes penales que supuso la condena ni restituye la honorabilidad del condenado, requisito para seguir ejerciendo sus responsabilidades. Por eso, los querellados entienden que Fernández Ordoñez, entonces gobernador del Banco de España, debería haber solicitado que se apartase a Sáenz de su cargo en el Santander.

“Siendo conocedor del indulto, [MAFO] no aplica la normativa general que impide a toda persona condenada por delito doloso y con antecedentes penales el ejercicio de la actividad bancaria”, exponen los diputados. “Estamos ante uno de los casos más flagrantes de impunidad de bancos y banqueros y de connivencia con el bipartidismo de PP y PSOE. La verdadera carcoma de la democracia”, denuncia Coscubiela.

Pasividad “voluntaria” del Banco de España

La querella imputa a Fernández Ordóñez el delito de prevaricación al considerar que “hay un claro periodo de inacción voluntaria y consciente”, así como una “resolución injusta”, la que efectuó el Banco de España cuando, requerido por los diputados sobre su obligación de intervenir, el organismo alegó que “no procedía actuación alguna”.

Coscubiela y Ortiz han alertado, además, de que la reforma legal que prepara el Gobierno dejará a criterio del Banco de España inhabilitar a un banquero condenado. Si el Real Decreto se acaba aprobando, los antecedentes penales por un delito doloso no serán un impedimento para la honorabilidad del condenado.

Es decir, que la presunta negligencia que la querella imputa a Fernández Ordóñez tendría cobertura legal. “Si el Gobierno de Rajoy da el paso, se estará privatizando los poderes del Estado, haciendo leyes al servicio de una sola persona”, ha exclamado Coscubiela.