Amnistía Internacional reúne 60.000 firmas contra las cargas policiales de los últimos meses

MADRID // Amnistía Internacional presentará en el Ministerio de Interior esta semana las más de 60.000 firmas recogidas en solo tres meses en protesta por las cargas policiales contra manifestantes pacíficos. La organización pretende así hacer llegar una denuncia colectiva al Gobierno de España por unas cargas que “contravienen los estándares internacionales de derechos humanos”.

“Funcionarios de policía han golpeado reiteradamente con porras a personas que se manifestaban de manera pacífica en protesta de los recortes en el contexto de crisis económica, incluso en cabeza y cuello, causándoles graves lesiones”, comienza Amnistía el escrito de la campaña ¡No golpeen a manifestantes! La organización pro derechos humanos ha puesto de este modo el acento en el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Policía, un problema que se agrava ante la “falta de investigaciones efectivas”. “En muchos casos, las denuncias de estos abusos son archivadas sin apenas investigación y, en otros casos, ni siquiera se ha realizado”, señalan.

Tras la entrega de las firmas en el Ministerio de Interior, Amnistía tratará de conseguir una entrevista con el nuevo secretario de Estado para trasladarle su denuncia. Virginia Álvarez, responsable de política interna de la organización, recuerda que muchos de estos problemas, como la falta de investigación efectiva, la impunidad o la ausencia identificación visible de los antidisturbios, son estructurales y vienen de lejos. Y esto sienta las bases para que los abusos se sucedan. “La tortura y los malos tratos no son sistemáticos, pero tampoco son aislados”, asegura.

En estos momentos, Amnistía está además realizando estudios del impacto de las políticas de recortes implementadas por el Ejecutivo. “Estamos haciendo un seguimiento de las reformas en sanidad, educación y justicia, de las investigaciones que están saliendo adelante sobre los abusos policiales; en breve elaboraremos un informe completo”, adelanta Álvarez. La reforma del Código Penal que prepara Gallardón preocupa a los activistas. “El derecho de manifestación, que se pretende restringir, es un derecho humano reconocido internacionalmente, por lo que las limitaciones deberían ser muy pocas y deben garantizar que en todo momento se pueda ejercer”, advierte.

En cuanto a la actuación de la policía en las manifestaciones, Álvarez deja claro que ésta debe someterse a las directrices internacionales, algo que, según afirma, no se está cumpliendo. “La policía debe en todo caso proteger a las personas, es inadmisible que se den casos como los que estamos viendo en los que se golpea a manifestantes indiscriminadamente, en partes vitales como la cara, sin que haya luego ningún tipo de investigación seria”, lamenta.