ILP: El poder del pueblo llega al Parlamento… y allí muere

VALENCIA // Demos y kratos; dos términos griegos que pueden traducirse por pueblo y poder. Dos términos que unidos forman ‘democracia’, la forma de gobierno que Winston Churchill definió como “el sistema menos malo”, y que en España emana del pueblo, aunque tenga en el Congreso, precisamente donde están sus representantes, su mayor cortapisas para ejercer el poder. Pura contradicción.

Y es que uno de los mecanismos de participación ciudadana más importante, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se encuentra sin valor. Los números son claros. Según se puede ver en el portal del Congreso de los Diputados han llegado hasta la Cámara 91 iniciativas de ese tipo desde 1977. Aunque algunas de ellas siguen en proceso de tramitación, los resultados son descorazonadores, solo una ha pasado a ser ley, una propuesta sobre la reclamación de deudas comunitarias que, finalmente, acabó subsumida en otra proposición no de ley en la VI Legislatura y que supuso la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal. El resto, o han sido desestimadas, o ni siquiera han llegado a tramitarse. Y eso que el procedimiento no es sencillo

La norma que regula la presentación de ILP en las Cortes es la Ley Orgánica 3/1984, aprobada con Felipe González en el gobierno. En ella se establece que se necesita el poyo de 500.000 españoles para llevar una propuesta al Parlamento.

Trámites nada sencillos

El trámite es algo engorroso. Lo primero que hay que hacer es constituir una Comisión Promotora. Este grupo de personas serán los que deberan presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados el texto de la proposición de Ley sobre el que recibirán respuesta en un plazo máximo de 15 días.

Una vez aprobado el texto se tendrá un plazo de nueve meses para recoger el medio millón de firmas. Estas firmas deberán presentarse en unos folios donde constarán algunos datos como el DNI, nombre completo o domicilio. También se podrá pedir la firma de forma telemática, con la certificación digital, pero en cualquier caso únicamente podrán firmar personas inscritas en el censo electoral, lo que excluye a inmigrantes y menores de 18 años. La lista tendrá que ser refrendada por los fedetarios, personas de la campaña que dan fe de la autenticidad de las firmas.

Una vez se presentan las firmas necesarias, la Mesa ordenará la publicación de la Proposición, que deberá ser incluida en el orden del día del pleno en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración. Cabe recordar que los gastos que afronta la Comisión Promotora a la hora de promover una Ley serán cubiertos por el Estado si la propuesta llega a alcanzar la tramitación parlamentaria, unos gastos que nunca excederán los 300.000 euros. En total el trámite puede alargarse más de quince meses.

Parlamentos autonómicos y Europa

Las Iniciativas Legislativas Populares también pueden presentarse en los parlamentos autonómicos para promover alguna Ley en su ámbito de actuación. En este caso, cada cámara articula las formas de participación y las necesidades.

Entre todos, hay que destacar el caso de Cataluña que, mediante la Ley 1/2006, permite participar y promover tanto a ciudadanos españoles, como a ciudadanos comunitarios o extracomunitarios con residencia legal en España; además la edad mínima se baja hasta los 16 años.

En Valencia se necesitan 50.000 firmas para llevar una propuesta al parlamento. Una de las más famosas fue la del colectivo Per l’Horta, que pese a recoger 118.000 apoyos para promulgar una ILP en defensa de la huerta, no llegó a ser debatida por el rechazo del PP. Esto hizo que, además, sus promotores, tuvieran que correr con los gastos.

Menos exigentes en otros países

Pero, ¿qué sucede en el resto de países de nuestro alrededor? Pues bien, lo primero que hay que decir es que España es junto con Austria y Lituania, uno de los países que requiere un mayor porcentaje de firmas. En el otro lado de la balanza, en Portugal u Holanda se necesitan 35.000 ó 40.000 respectivamente. También hay que destacar el caso del Reino Unido que otorga el derecho de promoción de una proposición de ley a una única persona.

Los plazos en Europa también suelen ser más coherentes que en España. En Austria, por ejemplo, la deliberación preliminar de la ILP debe iniciarse dentro del plazo de un mes a partir de su presentación a la comisión parla­mentaria competente. En Lituania, una proposición de ley de los ciudada­nos debe ser presentada al Pleno a más tardar una semana después de haber sido registrada en una sesión del Par­lamento. Y en Bavaria (Alemania), las solicitudes legalmente válidas para un referéndum de propuesta legislativa deben ser tratadas por el Parlamento en un plazo máximo de 3 meses desde su presentación.

En el Parlamento Europeo también se pueden presentar iniciativas legislativas populares. En este caso se requiere de un millón de firmas de ciudadanos residentes en 7 países distintos de la UE. Por país tiene que haber un número mínimo de firmas: equivalente al número de diputados al Parlamento Europeo de cada país, multiplicado por 750.

Tras el registro de la iniciativa, la Comisión Europea está obligada a responder en el plazo de dos meses si ha sido admitida o no. El plazo de recogida de apoyos es de un año y la autoridad de cada país tiene tres meses para verificar y certificar si las declaraciones de apoyo (firmas) son válidas. Pasado esos trámites la UE tiene tres meses para examinar la iniciativa y dar paso al trámite legislativo. En la actualidad, hay doce iniciativas ciudadanas europeas abiertas, entre ellas alguhnas que hace referencia al derecho al agua, sobre el pluralismo en los medios de comunicación o a la política medioambiental.