"Con la Ley de Tierras, la tendencia del gobierno colombiano es reemplazar la barbarie por el mercado"

MADRID // Javier Giraldo es jesuita colombiano, y acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. De su trayectoria como activista de derechos humanos, cabe destacar su participación en la Comisión de Justicia y Paz y en reuniones de paz con el ELN y las FARC. Además, este religioso colombiano, lleva hace 25 años formando parte del CINEP/PPP en Colombia (Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz). En el banco de datos que coordina, se han registrado, desde 1989, más de 180.000 víctimas del conflicto social y armado que vive su país. El padre Giraldo ha estado en Madrid impartiendo conferencias sobre derechos humanos y justicia climática, una de ellas en el Senado. Aprovechamos para hablar con él sobre el nuevo proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

¿Cómo está viviendo la sociedad colombiana este nuevo proceso de paz?

Con muchas expectativas y muchos temores. Sobre todo aquellos sectores sociales que han sido más victimizados por este conflicto, tienen grandes esperanzas en que el proceso logre su objetivo. En los últimos treinta años ha habido muchos amagos de proceso de paz, y todos han fracasado.

¿Qué balance hace del primer encuentro en Oslo entre la guerrilla y el gobierno colombiano, y del modelo de proceso de paz con reformas sociales?

La ciudadanía más comprometida, los movimientos sociales y las mismas víctimas hacen una lectura esperanzada, porque por primera vez se plantean, de manera tan clara, las raíces del conflicto. El discurso de las FARC fue radical, planteaba los problemas muy descarnadamente. Es preocupante la discrepancia tan profunda que parece haber entre los puntos de partida de las FARC y del gobierno, pero nos alegra que esas discrepancias se puedan exponer y dialogar.

¿Una de esos disensos es el provocado por la cuestión de las tierras?

Sí. De hecho, cuando anunció la apertura de las negociaciones, el gobierno se refirió a éste como el problema clave de la negociación con las FARC, pues hace referencia a su origen como movimiento de resistencia contra la usurpación y el despojo de la tierra a los campesinos. Hay que recordar que procesos anteriores se han truncado por esta cuestión de la reforma agraria. Ahora, con la Ley de Tierras, la tendencia del gobierno y de los empresarios es reemplazar la barbarie por el mercado. En Oslo, Iván Márquez, uno de los representantes de la guerrilla, criticó esta ley duramente.

Según el portavoz del gobierno en esta mesa de diálogo, Humberto de la Calle, el modelo económico no es objeto de negociación.

Si, pero hay puntos en la agenda que ambas partes acordaron que implican discutir y gestionar el modelo económico. Por ejemplo, en uno de ellos se habla del acceso a la tierra con un criterio de territorialidad, es decir, con el concepto de territorio como integridad en donde se contempla la existencia de los ríos y de los bosques. De esta manera el metro cuadrado no es una mercancía rentable sin tener en cuenta la tierra y el ecosistema que lo rodea, y eso implica revisar el modelo vigente de economía agraria.

La participación política de las FARC después de su hipotética desmovilización militar es una cuestión crucial ¿cómo se hace el tránsito desde una lucha armada hacia una lucha política institucional?

La participación política de las FARC y el cese del conflicto enfrenta problemas muy graves. Implica, necesariamente, la desaparición del paramilitarismo, y eso es muy complicado porque en Colombia no hay genuina voluntad de hacerlo. El paramilitarismo tiene un poder económico y militar enorme en el país. Domina regiones enteras, goza de privilegios e impunidades, en parte gracias a la Ley de Justicia y Paz impulsada por el ex-presidente Uribe. El fantasma del genocidio de la Unión Patriótica a manos de los paramilitares sigue pesando mucho.

¿Qué espera de los diálogos que comenzaron esta semana en La Habana?

Hay un punto central que es la demanda de participación de los movimientos sociales y populares en el proceso. Las FARC están de acuerdo, pero el gobierno no. Hay quien opina que esta cuestión podría terminar abortando las negociaciones.

El próximo 27 de noviembre se ratifica en Europa el Tratado de Libre Comercio con Colombia, ¿cree que esta firma ha acelerado el proceso de paz en su país?

Si, claro. La inversión extranjera necesita paz. Aunque el presidente Santos haya propuesto un proceso con reformas sociales, en su discurso prima el pragmatismo. Tratados como este pueden traer grandes inversiones a Colombia, pero muestran muy poco interés en la cuestión social, olvidando a cuantos están fuera del modelo económico, como los millones de campesinos desplazados por el despojo de tierras.