El PSOE sitúa por fin los desahucios en el centro de su agenda política

MADRID // El drama de los desahucios por fin acapara atención política. Tras años de invisibilidad, se empieza a hablar abiertamente de las personas que son expulsadas de sus casas por impago como víctimas y a señalar a las entidades bancarias como responsables.

La preocupación de la opinión pública por este problema parece que por fin ha llegado también a los despachos del PSOE. Después de seis meses de “arduo trabajo de un grupo de expertos” –cuyos nombres no se han detallado-, esta mañana Inmaculada Rodríguez , la secretaria de Economía, y Antonio Hernando, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de los socialistas, han hecho públicos los pormenores de la Proposición de Ley presentada por el grupo socialista en relación a los desahucios.

Fue el pasado 25 de octubre cuando la “Proposición de Ley contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia” llegó al registro del Congreso de los Diputados. El PSOE ha efectuado hoy un despliegue comunicativo ofreciendo 20 ruedas de prensa para explicar la propuesta, en lo que muchos han tildado como “ofensiva política”.

Una de estas 20 ruedas de prensa, la que ha tenido lugar en Ferraz, sede central de partido en Madrid, tenía un objetivo concreto: «Proponemos (al Gobierno) encerrarnos en una habitación y que hasta que no haya texto definitivo no salgamos de esa habitación. Soluciones ya, no grupos de trabajo, ni comisiones ni subcomisiones», ha destacado Hernando en su introducción.

“Nos equivocamos»

La semana pasada la portavoz socialista en el Congreso reconoció que fue un error no aprovechar el tiempo en el Gobierno para modificar la ley sobre los desahucios. Y es que sobre el PSOE cae como una losa la crítica de falta de sensibilidad y pasividad durante los siete años que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo en la Moncloa.

En un nuevo ciclo político, a los socialistas ahora les parece un tema “urgente”, que necesita ser tratado “con celeridad” y “con rapidez”, pues así lo han repetido en numerosas ocasiones los dos dirigentes que han hablado en Ferraz esta mañana.

“El gobierno tiene tiempo, pero las familias no”, ha subrayado Hernando. Como argumento en el que apoyar la necesitada celeridad, para frenar “el drama social” añaden, los socialistas llevan recordando desde la semana pasada la velocidad de la aprobación de “las tres reformas financieras”.

Por su parte, Inmaculada Rodríguez ha explicado que la aplicación de la Ley tan sólo podría tener un carácter obligatorio en aquellas entidades que “han sido ayudadas” por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. “Si ellos están recibiendo ayuda, entenderán que se tenga que ayudar ahora a las familias”, ha detallado.

La llamada “ley de segunda oportunidad” en países como Suecia o Francia ha llegado a la primera línea política de espaldas a las asociaciones de afectados, pues desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguran sentirse “al margen de todos los movimientos políticos de estas últimas semanas. Los cuales, no nos creemos”.

De prosperar la proposición de ley de los socialistas, se tendrían que modificar leyes como la Hipotecaria, que data de 1946, además de otras más recientes como la Ley de Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios de 2007.

Con su propuesta, el PSOE asegura querer «cambiar la relación de fuerzas para equilibrar la relación entre bancos y familias» e incluso «ir más allá de la dación en pago”, pues “no puede ser la única solución”.

Se supone que este proyecto tiene también como fin que «las entidades financieras asuman su parte de responsabilidad, porque la tienen”,  «acabar con “los abusos que están teniendo lugar con las familias” y, por último, evitar “la muerte civil” de la persona endeudada, que tras todo el proceso de ejecución bancaria, “no puede siquiera ser titular de una simple cuenta corriente”.

Las propuestas concretas del PSOE

– Limitar a 30 años el máximo de años para pagar un crédito y al 80% del valor del inmueble la cifra final de la hipoteca (existen casos de hipotecas a 45 años por una cantidad de 125% del valor del inmueble).
– Establecer una moratoria en la que no se pueda ejecutar un desahucio durante un proceso de negociación, “dure lo que dure”.
– Que los intereses de demora que se apliquen cuando existe el impago de una cuota “no puedan superar en más de dos puntos a los intereses de la propia hipoteca”.
– Fomentar un proceso de negociación extrajudicial en el que el banco “se comprometa realmente a llegar a un acuerdo”.
– Que “el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo” (que no se valore la casa a un precio muy inferior al que le otorgó la tasación que le atribuyó el banco al conceder la hipoteca).
– Rebajar al 50% el requisito del porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos familiares.

¿Quiénes se podrán beneficiar de estos cambios?
En la actualidad, se calcula que han sido 400.000 las personas que han perdido su casa y se calcula que en los próximos meses 200.000 personas más se podrían sumar a esta cifra.

La proposición de ley no tiene carácter retroactivo, por lo que las personas que han iniciado “proceso de ejecución hipotecaria”, no se verán beneficiadas por estos cambios, en caso de que la Ley se aprobase.

Por otra parte, el PSOE pretende “ampliar el colectivo de afectados” a todos aquellos casos cuyos ingresos sean menores de la Renta Mínima Interprofesional multiplicada por 2,5.

¿Cuándo se negociará la propuesta del PSOE con el PP?

Según Hernando, esta misma semana.

Urgencia para lo que bloquearon hace 8 meses

El 6 de marzo de este año tuvo lugar en el Congreso de los Diputados una votación sobre la propuesta del grupo IU, ICV-EUiA y CHA de acabar con los «abusos» de las entidades financieras. El objetivo era doble: que los bancos (que en aquel momento todavía no habían sido ayudados por el Estado) aceptasen la dación en pago y reformar la legislación hipotecaria. Una moción que fracasó gracias al PP y al PSOE.

El PP votó en contra en bloque. El PSOE, por su parte, justificó su abstención por haber “numerosas cuestiones a estudiar”.