Sáhara, los tribunales como “arma de represión”

MADRID // En Dajla, los activistas saharauis acaban a menudo maltrechos y golpeados en el vertedero local, después de pasar por las manos de la policía marroquí que los abandona allí para que vuelvan a pie a la ciudad, como si quisiera subrayar que para ellos son sólo basura. La práctica se ha hecho tan frecuente que cuando un saharaui desaparece, muchas veces sus familiares y amigos ponen rumbo directamente al vertedero para recogerlo y llevarlo de vuelta a casa.

Pero la forma de actuar de Marruecos hacia los saharauis va mucho más allá, según las asociaciones y colectivos que llevan años denunciando las violaciones de derechos humanos en la antigua colonia española. Unos territorios que Marruecos se anexionó por la fuerza en 1975, gracias a la Marcha Verde y a los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid.

Asociaciones como el Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental. Dos de sus miembros, el jurista Luis Mangrané y la activista Blanca Enfedaque, acaban de volver de una misión de acompañamiento sobre el terreno en la que han “comprobado” cómo Marruecos, además de desatar todo el poder de su aparato de seguridad contra los activistas, sigue “utilizando a los tribunales”, no para impartir justicia, sino como un privilegiado “instrumento de represión”, asegura Mangrané.

El martes pasado, 16 saharauis de entre 20 y 46 años comparecieron ante un tribunal marroquí de apelación en El Aaiún, la capital administrativa del territorio. Todos están acusados por delitos de derecho común, como pertenencia a banda armada, por su supuesta participación en los sucesos de otoño de 2011 en Dajla. El 25 de septiembre del año pasado, un partido de fútbol acabó con graves enfrentamientos entre marroquíes y saharauis, en los que murieron siete personas.

Las autoridades marroquíes sostuvieron entonces que todo empezó como una mera reyerta entre hinchas de los dos equipos, a los que siguieron actos de vandalismo. La versión de los saharauis de Dajla, que hoy por hoy son ya sólo el 30% de la población de la ciudad, fue muy diferente.

Según ellos, bandas de marroquíes armados con palos y cuchillos atacaron a los saharauis, con el apoyo de la policía, y penetraron en los barrios habitados por población autóctona echando abajo las puertas y saqueando las casas. Un joven saharaui, Maichan Mohamed Lamin Lahbib, nacido en 1982, murió a causa de «los múltiples golpes propinados por los colonos marroquíes en las calles de la ciudad», denunció entonces la asociación Sahara Thawra.

Los otros seis fallecidos, de acuerdo con la versión de los saharauis, perecieron por “fuego amigo” de la policía marroquí en dos de los casos, y los cuatro restantes perdieron la vida en un accidente de tráfico en un coche robado a un saharaui.

Los activistas que comparecieron el martes ante el tribunal fueron detenidos, acusados por su supuesta participación en los sucesos de Dajla, y luego condenados en primera instancia a penas que van de uno a tres años de cárcel. La vista de la apelación del pasado martes se aplazó finalmente a petición de la defensa. Otros 14 saharauis inculpados por los mismos delitos siguen prófugos de la justicia marroquí.

Las misiones de juristas

Desde hace años, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS, en sus siglas en inglés) y el Consejo General de la Abogacía de España envían misiones de acompañamiento y vigilancia cuyos participantes asisten a los juicios de saharauis. A la vista de la apelación de los presos de Dajla asistieron el martes los abogados Luis Mangrané, que también forma parte de la IAJUWS, y Magdalena Such, acompañados de la activista del Observatorio Aragonés Blanca Enfedaque.

Para Mangrané, el argumento que demuestra que la justicia marroquí es  un “arma de represión” parte del hecho de que estas condenas fueron dictadas pese a que no había “nada” para incriminar a los acusados. Este letrado asegura que la Fiscalía no presentó “ni pruebas ni testigos” y que además las confesiones “fueron obtenidas mediante torturas”.

Otro hecho es en su opinión “revelador”. Los detenidos, juzgados todos por “los mismos delitos y el mismo grado de participación en ellos” –explica Mangrané- han sido condenados a penas diferentes.

Blanca Enfedaque recalca que esto se debe a que los activistas más veteranos “que ya eran conocidos por la policía y llevaban tiempo en la lucha” han sido objeto de penas de cárcel más largas para apartarlos de la circulación, «lo que apunta a que las autoridades marroquíes aprovecharon los sucesos de Dajla para descabezar la lucha al movimiento saharaui de la ciudad”.

Otro de los fines de estas acusaciones es desacreditar a los inculpados, asegura Enfedaque: “Como dice Brahim Dahan [un conocido activista saharaui de Derechos Humanos], Marruecos acusa de delitos comunes a quienes en realidad son presos políticos con la intención de banalizar su lucha”.

Estos presos han denunciado haber sido torturados. En vano, pues los tribunales han hecho caso omiso y no han permitido que fueran reconocidos por un médico. Ni siquiera en el caso de Aomar Elmahjoub Elkazzazi, que denunció haber sido violado.

La historia de Sukaina
Sukaina el Idrissi es una de esas mujeres saharauis cuya odisea vital parece haber discurrido de forma análoga a la de otras activistas más conocidas para el gran público, como Aminetu Haidar, y cuya vida ha estado marcada, al igual que en el caso de Haidar, por la cárcel, la tortura y la desaparición forzosa. También por la coherencia, porque los más de diez años que esta mujer ha pasado en prisión no han conseguido silenciarla.

Sukaina nació en 1957 en Gueltat Zemur en el seno de una familia nómada que se dedicaba a criar ganado buscando pastos en todo el Sáhara Occidental. Desde muy joven, empezó a militar en pro del derecho a la autodeterminación lo que le valió ser secuestrada el 15 de enero de 1981. Con los ojos vendados y las manos atadas fue conducida a un antiguo cuartel del ejército español reconvertido en cárcel, donde fue torturada salvajemente.

Después siguieron diez años de reclusión, sin tener derecho a un abogado ni a comparecer ante un tribunal, en algunos de los centros de detención secreta de peor recuerdo para los saharauis, como el terrible Qalaat M’gouna.

Tras recuperar la libertad, Sukaina no se calló. Y volvió a la cárcel en varias ocasiones, donde de nuevo fue torturada. Su delito no fue otro que seguir reclamando la autodeterminación del Sáhara Occidental, un derecho por lo demás recogido, aunque sólo sobre el papel, en más de 50 resoluciones de Naciones Unidas.

La última de las agresiones que ha sufrido esta saharaui, ahora divorciada y madre de tres hijos, tuvo lugar el 25 de agosto durante la visita al Sáhara Occidental de una delegación del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la fundación estadounidense Robert Kennedy.

En presencia de numerosos testigos, varios policías, azuzados por el pachá de El Aaiún en persona, le propinaron una paliza. El propio pachá pateó a Sukaina en la cabeza y en los riñones. Durante varios días la activista estuvo orinando sangre. Después, un médico local apareció en la radio de El Aaiún acusándola de mentir y de organizar un “montaje”.