De inmigrantes morosos a los tuits racistas

VALENCIA // Mañana lunes, ya con los centros de atención primaria abiertos, los inmigrantes sin papeles podrán comprobar cómo la sanidad universal ya no les cubre en virtud del Real Decreto aprobado por el Gobierno. Pero la medida no sólo se basa en la aplicación de una norma, sino que viene reforzada por una serie de acciones por parte de los conservadores para potenciar la imagen de que los extranjeros se aprovechan del Sistema Nacional de Salud.

Por ejemplo, la Generalitat valenciana ha publicado un listado de inmigrantes morosos con la sanidad pública. Aurora Esperanza, Nicolae, Hajar… y así hasta 532 nombres y apellidos, con su dirección física y su número de identificación, han aparecido publicados esta semana en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), informa Toni Martínez

Se trata de 532 personas que han sido atendidas en los hospitales Arnau de Vilanova o La Fe de Valencia y que mantienen una deuda con la administración al no disponer de tarjeta sanitaria y no poder ser imputado el gasto a ningún seguro privado.

Fuentes de la Conselleria consultadas por MásPúblico califican este procedimiento como «algo habitual» y lo desvinculan de la aprobación del Real Decreto que deja fuera del sistema gratuito universal a una parte de la sociedad.

La Orden del DOGV recuerda que la administración ha intentado notificar por dos veces la situación a los interesados, y se les incita a que liquiden su deuda con la administración. La mayoría de los nombres pertenecen a extranjeros con NIE, aunque hay algunos que disponen de documento nacional de identidad.

La publicación se ha producido la misma semana que el conseller de Sanidad, Luís Rosado, ha explicado que los inmigrantes que se queden en situación irregular y sin tarjeta sanitaria serán atendidos y el coste se cargará a su seguro, a su país de origen o al propio paciente.

Desde la organización Médicos del Mundo, su presidente en Valencia, Rafael Sotoca, recuerda que “el sistema siempre factura a terceros, por ejemplo a seguros privados en el caso del llamado turismo sanitario”, pero critica que el Real Decreto “puede significar un cambio en las regla de juego”. “Ahora”, destaca Sotoca, “todos seríamos asegurados de nosotros mismos, pasamos de ser beneficiarios del sistema de salud a ser asegurados”, lo que a su juicio “abre una puerta” al cambio de modelo.

La organización Médicos del Mundo precisamente ha lanzado una campaña, Derecho a curar, (www.derechoacurar.org) que insta a la objeción de conciencia de los médicos contra esta exclusión de los sinpapeles.

La acción del Gobierno valenciana no ha sido la única en despertar polémica esta semana. «Los inmigrantes sin papeles / ilegales pierden su derecho a disponer de tarjeta sanitaria. Por fin se pone cerco a la ilegalidad ¡CHOLLOS NO!», escribía en su cuenta de Twitter, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), y que se presenta en su perfil como «defensor del Liberalismo económico y católico practicante».

Del lado de los defensores de que la población inmigrante sin papeles no puede quedar desasistida, continúan las acciones. El sábado pasado cientos de personas acudieron ante las puertas del hospital Gregorio Marañón de Madrid para expresar su rechazo por la norma. Además, un grupo de asociaciones de inmigrantes han convocado para el día 13 de septiembre una acampada en el hospital La Paz de Madrid con el mismo objetivo: denunciar una infamia justificada por la necesidad de ahorrar y de no permitir el turismo sanitario.