Barberá desafía a la justicia e insiste en llevar adelante su plan para el Cabanyal

VALENCIA // Ninguna sentencia contraria le sirve. Nada parece parar los deseos de la alcaldesa Rita Barberá de llevar adelante su proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez que supondría la desaparición de parte de El Cabanyal, el barrio marinero de la ciudad.

La pasada semana la Audiencia Nacional avaló la paralización de los derribos en este barrio, una sentencia que anula el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que el gobierno popular pretendía llevar adelante y que suponía la desaparición de 1600 viviendas de alto valor patrimonial. La sentencia de la Audiencia Nacional confirma la competencia del Estado en esta materia y constata que el plan del Cabanyal-Canyamelar «es ilegal en estos momentos» ya que, como dijo el Ministerio de Cultura en el año 2009, supone un expolio del Patrimonio histórico y cultural.

Pero la sentencia no ha sido bien recibida por la alcaldesa de la ciudad que, una vez conocida, ha movido sus hilos: por un lado, ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y por otro ha tenido un encuentro en Moncloa con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Sobre la reunión, Barberá aseguró sentirse “comprendida y respaldada”. Asimismo, añadió que se llevó el compromiso de la vicepresidenta de apoyar al Ayuntamiento de Valencia y “desbloquear” el tema del Cabanyal, mediante la búsqueda de una fórmula jurídica y trabajando “conjuntamente”.

Estas palabras fueron recibidas por la Plataforma Salvem el Cabanyal con estupor. “Nos parece inaudito”, explicó su presidenta, Maribel Doménech, “que no se acepten las sentencias y que se busque por medio de la política algunas argucias para no cumplir con la Ley”.

Desde la Plataforma se recuerda que la lucha jurídica comenzó en el año 1999 y culminó con el dictamen del Ministerio de Cultura, y que ahora ha sido avalado por la Audiencia Nacional. Además, recuerdan que cualquier acción política dirigida a reactivar el PEPRI podría ser considerada como una “prevaricación”.

Mientras tanto, quien sigue sufriendo las consecuencias de los vaivenes políticos y judiciales es el barrio, en estado de abandono por parte del gobierno municipal, según denuncian sus vecinos, y en permanente degradación. De hecho, recuerdan que el Ayuntamiento niega permisos de obras a los vecinos e impide la rehabilitación de las viviendas con la excusa de que el Ministerio ha paralizado su Plan. Es decir, PEPRI o barbarie. Y ahora los vecinos, temen ya la nueva jugada del gobierno popular.