El Gobierno busca asegurar el control de los conservadores en el Poder Judicial

El Gobierno aboga por poner en manos de los jueces, en los que el sector conservador tiene mayoría, la elección de 12 de los 20 vocales del máximo órgano de poder de la judicatura española, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).  Según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, este cambio en el sistema de designación de los integrantes del Consejo, que hasta ahora eran elegidos por el Parlamento, obedece al objetivo de «despolitizar» la Justicia. La letra pequeña del proyecto oculta que si son los jueces quienes designen a sus representantes sin control parlamentario, se blindará el poder de los conservadores en el seno del CGPJ.

Gallardón ha comparecido hoy junto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para presentar el  informe de la comisión designada para elaborar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de un documento no vinculante, pero las palabras del ministro confirman que sus conclusiones gozan del beneplácito del Gobierno. Pese a ello, Gallardón ha asegurado en varias ocasiones que el Ejecutivo buscará un «amplio consenso»  en todos los puntos de la reforma y recalcado que las conclusiones presentadas hoy son «sólo un estudio que se convertirá en un anteproyecto», que pasará luego a la fase de tramitación parlamentaria.

Sin embargo, la mayoría absoluta de la que goza el PP hace presagiar que esas recomendaciones pueden terminar por ser aprobadas, pese al rechazo ya expresado por grupos políticos como el PSOE. El portavoz del principal partido de la oposición en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarubia, acusó hace días al Gobierno de obviar el principio recogido en la Constitución que sitúa la  soberanía en manos del pueblo y que por lo tanto obliga a que sus representantes, los diputados y senadores, tengan la última palabra en cuanto a la elección de los vocales del órgano de control de los jueces.

El informe propone que sólo 8 de los 20 vocales sean escogidos por el Congreso y el Senado, es decir, menos de la mitad. Además, en un Parlamento dominado por el Partido Popular, también esos representantes serán elegidos previsiblemente entre el sector conservador de la judicatura.

También con esta reforma, Gallardón parece confirmar su tendencia a retrotraerse al pasado, al igual que sucede con la Ley del Aborto. Si se aprueban los cambios promovidos por el Gobierno, se volverá a la situación de los primeros años ochenta, cuando el PSOE sacó adelante, pese a la férrea oposición de la derecha, el cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo.

La entonces Alianza Popular se opuso a la reforma porque con ella se quitaba el control del Poder Judicial a una judicatura dominada por jueces del franquismo. Muchos de ellos ya han fallecido, pero los conservadores siguen predominando, como demuestra el hecho de que sólo una asociación minoritaria, Jueces para la Democracia, mantenga un talante netamente progresista.

La vicepresidenta elude hablar del subsidio de paro

La rueda de prensa del Consejo de Ministros ha tenido otros protagonistas además de la reforma de la Justicia. Sobre todo aquellos que han estado ausentes del discurso de Ruiz Gallardón y de la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría, por ejemplo, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Gobierno rebaje la prestación por desempleo y ha eludido la cuestión, planteada por los periodistas, en dos ocasiones.

La número dos de Rajoy tampoco ha contestado a las preguntas sobre la supuesta implicación de la ministra de Empleo, Fátima Bañez, en la filtración del ERE en el PSOE a la prensa, e igualmente no  ha querido pronunciarse sobre si Bañez debería dimitir

Como viene siendo ya habitual, Sáenz de Santamaría, sí ha reiterado repetidamente que «habrá más reformas»; es decir, más recortes.