El mayor sindicato de Policía denuncia que el Gobierno blinda al número dos de Aguirre

MADRID // Un ático de lujo en Marbella de más de 500 metros cuadrados, del que no se conoce que exista escritura en España y por el que un inquilino paga un alquiler sorprendentemente bajo a una opaca sociedad con sede en Estados Unidos. En el caso de un ciudadano corriente, estos elementos probablemente bastarían  para que los tribunales consideraran que existen indicios para abrir una investigación penal por blanqueo de dinero negro.

No ha sido así. Y según deja entrever el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la asociación profesional mayoritaria del cuerpo de seguridad, esto se debe a que el inquilino es Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de la presidenta Esperanza Aguirre. González  no sólo no tiene diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, sino que además goza de la protección del Gobierno del Partido Popular. De acuerdo con una nota de prensa difundida  por esta asociación profesional, algunos de los cambios en la cúpula de la Policía anunciados ayer por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, obedecen al objetivo de apartar del camino a quienes han indagado sobre la identidad del propietario de la vivienda de lujo de la que González disfruta en Marbella desde 2008.

El SUP apoya esta denuncia en la destitución fulminante de varios altos cargos policiales anunciada ayer en Valencia por el titular de Interior. Uno de ellos es Jose Enrique Rodríguez Ulla, comisario general de Policía Judicial, nombrado hace apenas seis meses, y hasta ahora hombre de confianza del Gobierno.

El motivo esgrimido por Fernández Díaz para justificar esta decisión ha sido una «reorganización de los mandos policiales». Además, a Rodríguez Ulla le reprochan haber iniciado la investigación sobre el ático sin haber puesto al corriente a sus superiores, lo que ha motivado que este responsable «perdiera la confianza» del ministro. Para el SUP, la auténtica razón no es otra que la investigación de la vivienda marbellí supuestamente alquilada por el número dos de Esperanza Aguirre, que se inició por orden del comisario Rodríguez Ulla.

Este diario se ha puesto en contacto con los servicios de prensa del Ministerio del Interior, que no han querido entrar a valorar el comunicado del SUP y se han remitido a las declaraciones que hizo el ministro ayer.

Las pesquisas, dirigidas a determinar con claridad la propiedad de la vivienda y el origen del dinero con el que se adquirió, ponían en un serio aprieto a la Comunidad de Madrid, al Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy, que temían ver cómo el caso Gürtel y la sombra de la corrupción política resurgían para salpicar de lleno a las esferas más altas de  poder de Madrid.

El escándalo afloró cuando, según el diario El Mundo,  un testigo de este caso acusó a González de haber adquirido el ático con dinero de un soborno pagado por una inmobiliaria a cambio de una importante concesión de terrenos en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Ignacio González se defendió entonces asegurando que el piso de lujo pertenece a una empresa con sede en el estado norteamericano de Delaware y que él sólo lo tiene alquilado.

Pero el precio de 2.000 euros al mes que dice pagar por esta propiedad situada en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella (donde se puede llegar a abonar mensualmente hasta 6.000 euros  por un apartamento pequeño) no convenció a los investigadores. Los policías que han llevado el caso sospechan que la empresa Coast Investors, la supuesta titular de la vivienda, podría ser sólo una sociedad fantasma que oculta que el auténtico propietario es el vicepresidente madrileño, cuya trayectoria política ha discurrido siempre de la mano de Esperanza Aguirre.

A pesar de lo que parecen indicios suficientes para una investigación, la Fiscalía Anticorrupción no ha abierto diligencias destinadas a dilucidar quién es el propietario del ático. Esta institución considera que no existen pruebas que justifiquen una investigación penal, aunque, según informó la Cadena Ser, sí ha dejado abierta la posibilidad de que la policía indague. Sin embargo, con la destitución de varios de los altos cargos policiales que decidieron tomar cartas en el asunto, en el futuro cualquier responsable se lo pensará mucho antes de adentrarse por un camino que ha demostrado ser tan peligroso.

«Mirar a otro lado»

En la nota que ha difundido hoy, el SUP se muestra escandalizado por unas decisiones que en su opinión obedecen a la voluntad de echar tierra sobre este asunto: “Nunca en la historia de la Policía desde la llegada de la democracia se ha visto tal cosa y nunca antes las instituciones y poderes públicos, el Gobierno (y su presidente a la cabeza), el legislativo y el judicial han estado mirando hacia otro lado ante una evidencia tan clamorosa(…)

«Una vivienda valorada en un millón de euros, no escriturada en España, de la que se desconoce propietario, alquilada por un alto cargo político que paga un alquiler irrisorio (de lo que nadie ha visto documentos), a una empresa que se anuncia en internet como experta en ocultar la identidad de propietarios de bienes (se supone que para blanquear dinero fruto de actividades ilícitas o para no cumplir sus obligaciones fiscales), radicada en el extranjero”, asegura la nota.

Este “expediente X”, prosigue el comunicado, se ha convertido “en una prueba de moralidad de la política, la justicia y la Policía en España porque es imposible de entender que la fiscalía anticorrupción no investigue, que Hacienda (de momento) no haya hecho nada, que el ministro del Interior y el director general parezcan más empeñados en cesar a los comisarios que investigan que en conocer la identidad del presunto delincuente, que el vicepresidente de la comunidad de Madrid no haya facilitado datos que puedan conducir al propietario y que la presidenta de Madrid tampoco exija a su número dos transparencia en este asunto.”

El SUP se defiende además de las acusaciones del Ministerio del Interior, que sostiene que Rodríguez Ulla inició la investigación  chantajeado por el sindicato, al que acusa de haber presionado al comisario amenazándole con destapar un supuesto tráfico de influencias para conseguir que una de sus hijas entrara a trabajar en el Banco de España. Para la asociación policial, esta acusación es sólo “una cortina de humo”.

“En nuestra opinión hay un agujero negro en España, una evidencia de corrupción de las más altas instituciones, incluida la Policía, si nadie hace todo lo legalmente posible para conocer la identidad del dueño de ese ático, de ese millón de euros previsiblemente de dinero negro invertido impunemente por alguien al que nadie parece querer molestar», subrayan los policías. Y concluyen: «policía politizada es igual a fin de la democracia».